Un conjunto de ocho compromisos forman parte del inédito acuerdo suscrito entre el gobierno y el Movilh para desactivar una demanda interpuesta por la agrupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que a un grupo de parejas homosexuales se le negara la posibilidad de contraer matrimonio bajo el argumento de que se trataba de una unión entre un hombre y una mujer.
En concreto, hoy el gobierno y el Movilh liberaron el contenido del texto, en que el Estado de Chile se muestra de acuerdo con perfeccionar las bases institucionales para evitar discriminaciones hacia la población LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), y reconoce la necesidad de perfeccionar políticas públicas.
En el acuerdo se reafirma el compromiso del gobierno de enviar durante el primer semestre de 2017 un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Esto luego de un proceso de discusión pública, que comenzará en septiembre mediante un "acto público".
Sin embargo, el documento tiene elementos hasta ahora desconocidos, como establecer una mesa de trabajo con representantes del poder Ejecutivo y la sociedad civil para el posterior envío de una modificación a la ley de adopciones "con el objeto de incorporar a las personas que se encuentran unidas mediante un Acuerdo de Unión Civil" dentro de "quienes pueden ser adoptantes".
A esto se suma una reforma a la ley de Unión Civil "a objeto de que el conviviente que ha criado al niño o niña sea reconocido como padre o madre, tenga o no lazos de consanguinidad".
Cambios a la ley Zamudio y fin a las ofensas al pudor
Otra de las medidas contempladas en el inédito acuerdo apunta a la modificación de la ley antidiscriminación -o ley Zamudio- "de manera de superar todas las barreras que impidan prevenir y sancionar eficazmente la discriminación". Se consigna la posibilidad de asignar recursos fiscales para dar seguimiento y ejecutar políticas para prevenir estos casos.
A esto se suma el compromiso de revisar, reformar o derogar los artículos 373 y 365 del Código Penal. El primero sanciona a quienes de “cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres” y el segundo que fija edades de consentimiento para una relación sexual según la orientación de las personas: mientras para los heterosexuales y lesbianas es de 14 años, para los gays se fija en 18 años.
Adicionalmente, el gobierno se compromete a "dar seguimiento y asegurar continuidad" a la tramitación del proyecto de ley sobre Identidad de Género, que busca que personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal mediante un trámite "simple y fácil".
En materia de Salud, se establece incluir políticas orientadas a las personas lesbianas, bisexuales y transexuales, y el rediseño de los planes de salud sexual y reproductiva a fin de que "integre a todas las personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Este programa será formalizado en cuarto trimestre de 2016.
A esto se agrega incluir en estudios o estadísticas oficiales sobre protección social datos acerca de la población LGBTI, de las parejas del mismo sexo u homoparentales
Para dar seguimiento a estos compromisos, las partes acordaron constituir una Comisión de Seguimiento, a la que se invitará a representantes de la CIDH.
Y se establece que "las medidas y acciones comprometidas" en el texto deberán ser "efectivamente cumplidas de buena fe por las partes". En caso contrario, se pondrá término al acuerdo la CIDH quedará facultada para continuar con la demanda interpuesta ante el Estado de Chile.
El documento fue firmado por representantes del Movilh y los ministros Marcelo Díaz (Segegob), Claudia Pascual (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género), Javiera Blanco (Justicia), Carmen Castillo (Salud), Adriana Delpiano (Educación), Heraldo Muñoz (RR.EE).
Este es el texto del acuerdo
