Como “grave” calificaron desde el Gobierno de Gabriel Boric la filtración de un audio que se grabó en una reunión privada que sostuvo el Presidente con parlamentarios que representan a las regiones del Biobío y La Araucanía. Desde el Ejecutivo dijeron que están estudiando si presentar o no una querella por el caso.
“Es un tema que estamos evaluando en el Ministerio del Interior. Hay una regulación que está en el artículo 161 a del Código Penal sobre grabación sin autorización, y eso estamos evaluando”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
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“Son dos cosas distintas respecto a quién graba y quien difunde. La regla es muy clara. Hay una distinción sobre la persona que captura y la otra que difunde. En el caso de la persona que captura y difunde, tiene otro tipo de pena”, añadió.
La ley castiga con una multa que puede ir desde las 50 Unidades Tributarias Mensuales hasta las 500 UTM (31 millones de pesos) a quien “en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también lamentó la situación y aseguró que este caso daña las confianzas del diálogo político porque “podría revertir un carácter de delito”.
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“Nos parece grave, porque cuando se tratan temas sensibles, como la seguridad, y alguien lo graba, podría representar un delito y también lesiona confianzas necesarias para el diálogo", expresó Elizalde.
"Sin duda constituye un precedente para que no se repita. No solo por no estar permitido en ordenamiento jurídico, sino que también transgrede normas mínimas de confianza", añadió.
Desde el Congreso, representantes de distintos partidos políticos, de diferentes sectores, han condenado la filtración del audio y han pedido que el gobierno presente una querella por el caso. Incluso el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, solicitó una denuncia.
