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Política

Fiscalía y agenda Antiabusos: “Echamos de menos poder ejercer acción penal en delitos de colusión"

Fiscalía y agenda Antiabusos: “Echamos de menos poder ejercer acción penal en delitos de colusión"
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Desde el Ministerio Público aseguraron que insistirán en el Congreso para poder facultar a la institución de iniciar investigaciones de este tipo.

La Fiscalía de Chile cuestionó el proyecto de ley presentado por el gobierno en el marco de la “agenda antiabusos”, que busca atacar los delitos de colusión y reforzar la defensa de la ciudadanía frente a los abusos públicos y privados.

“Aunque valoramos la iniciativa, echamos de menos que sea la Fiscalía de Chile quien tenga la posibilidad de ejercer la acción penal en delitos de colusión, de carácter tributario y también aduaneros”, dijo el Fiscal Nacional Jorge Abbott.

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“Sabemos que los proyectos de ley se escrituran en el Congreso y ahí insistiremos en que sea el Ministerio Público quien inicie de oficio la investigación penal en estos casos, particularmente en los más graves y que hasta ahora han quedado en la impunidad”, agregó.

El anuncio tiene 3 aristas y de acuerdo al gobierno el primer foco es la colusión: fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, en términos de aumentar las penas de estos delitos, carteles, y prácticas contra el mercado, con cárcel efectiva, además de crear un ítem para los delitos de financiamiento ilegal de la política, a los cuales el gobierno extenderá los plazos de prescripción de 2 a 5 años, de manera que puedan ser perseguidos con mayor severidad.

"Los delitos contra la democracia deben ser tratados con la misma vara y sin ningún trato preferente", afirmó al respecto el Presidente Piñera durante la mañana. 

La idea es dar a conocer también la figura del informante anónimo, con mecanismos de protección a quien al interior de la compañía o fuera de ella, denuncie prácticas ilegales, con un registro que va a ser monitoreado por la Contraloría, de manera que la ley antiabusos y anticorrupción se enmarque también en lo público.

"Estos proyectos aumentan las penas y establecen en algunos casos prisión efectiva como un forma de disuadir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones, o anticompetitivas", detalló.

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