Nuevas aristas de investigación se han abierto en el caso Corpesca. Esta semana, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a las dependencias de siete pesqueras en la región del Bíobío; Orizon S.A, Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A, Landes S.A, Bahía Coronel S.A y Alimentos del Mar S.A.
Por petición de Emiliano Arias, fiscal Regional de O'Higgins y a cargo del caso Corpesca, se solicitaron los libros contables de esas empresas entre los años 2010 y 2014.
El mismo fiscal Arias explicó en una entrevista con La Tercera que hay tres indicios que lo han llevado a creer que otras pesqueras podrían estar involucradas con el financiamiento irregular de la política.
Primero, una serie de correos electrónicos enviados el 2012 que ponen de manifiesto la intensión de la industria pesquera de influir en la Ley de Pesca aprobada en octubre de ese año. Segundo, casi todas las empresas vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur han hecho rectificatorias de impuestos no pagados durante ese mismo año. Y por último, el alcance que pueda tener los aportes hechos por pesqueras a Ivan Fuentes en 2012 y 2013.
"Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación", aseguró el fiscal Arias.
En este sentido, y ante las nuevas aristas del caso, Arias no descartó que se pueda repetir el caso del senador Jaime Orpis, quien se encuentra con arresto domiciliario investigado por cohecho, delito tributario y fraude al fisco. "Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos", dijo.
El fiscal Regional de O'Higgins indicó que hay intereses de las pesqueras que quedaron plasmados en la ley que se aprobó, específicamente lo que concierne a la Licencia Transables de Pesca (LTP), punto mencionado en los correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera que salieron a la luz.
"Ahí encontramos un interés concreto que es manifestado en la ley. (...) Algunos pueden decir que la ley habría salido de la misma forma del Congreso. Pero ese no es el tema. En nuestras investigaciones, lo que se debe tener en cuenta es la forma cómo algo se obtiene y si eso es a través de un cohecho. Eso es lo que nos importa, más que el resultado", detalló Arias.
Para el fiscal, debido a que "la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos", no hay doble lectura: "en el proceso de formación de la ley hay corrupción". Según indicó, el fiscal nacional Jorge Abbot está al tanto de la situación.
