La noche del martes los partidos políticos llegaron a un acuerdo para impulsar un nuevo proceso constituyente. A más de tres meses del triunfo del Rechazo, todos los sectores políticos representados se comprometieron a avanzar en una nueva carta fundamental, que podría ser plebiscitada para su aprobación en diciembre del 2023.
Tras extensas jornadas de negociación, los partidos políticos lograron redactar un acuerdo para la elección de un órgano cien por ciento electo, de 50 representantes, similar al Senado, y la participación de 24 expertos designados por el Congreso, con influencia en distintas partes del proceso.
Sin embargo, más allá de estas certezas, y otras que están en el detalle del acuerdo constitucional, hay ciertas dudas de cómo será la elección y qué rol tendrán los expertos en el proceso, cómo funcionarán los quórums dentro del nuevo Consejo Constitucional, cómo serán los escaños reservados para pueblos indígenas y qué ocurrirá si vuelve a triunfar el Rechazo.
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Escaños reservados
Tal como ocurrió en el proceso constituyente anterior, el Consejo Constitucional tendrá escaños reservados para los pueblos indígenas. La diferencia es que la cantidad de personas electas por este cupo dependerá de la cantidad de votantes.
Es por eso que no hay claridad si todos los pueblos indígenas quedarán representados en el nuevo órgano que se encargará de redactar una nueva propuesta constitucional.
Lo que sí se sabe es que los escaños indígenas serán supranumerarios, es decir, no están incluidos entre los 50 representantes del Consejo Constitucional, sino que se sumarán a ellos, por lo que se desconoce cuántas personas integrarán el órgano de forma definitiva.
Qué pasa si gana el Rechazo
El acuerdo de los partidos tampoco especifica qué pasaría si en el plebiscito de salida, que debería ser en diciembre del 2023, gana la opción Rechazo, como ocurrió el pasado 4 de septiembre.
Aunque fue el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, quien explicó que seguiría vigente la Constitución actual. Eso fue lo que ocurrió en el proceso pasado y eso volvería ocurrir ahora.
En ese caso, volvería a depender de la voluntad de los partidos políticos si desean volver a intentar un nuevo cambio de Constitución, pero no está tampoco especificado en el texto que firmaron los partidos.
Elección de los expertos
Todos los sectores políticos que participaron de los diálogos por impulsar un nuevo proceso constituyente estaban de acuerdo con la participación de expertos, aunque una de las principales diferencias era el rol que tendrían durante el proceso.
Finalmente, serán 24 personas de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica” que serán designados por el Congreso: 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado. Pero no hay claridad en cómo será esta designación.
En el caso del “árbitro”, que será un “comité técnico” compuesto por 14 personas, siete hombres y siete mujeres que se encargarán que se respeten las bases constitucionales o los “bordes” que tendrá el nuevo proyecto, también serán designados por el Congreso y lo harán mediante una lista única. Es decir, los nombres no se aprobarán uno por uno al parlamento, sino que se acordarán entre todos los sectores 14 nombres y ambas cámaras deberán aprobar por un quórum de cuatro séptimos (4/7) estas nominaciones.
En el caso de los 24 expertos o expertas no hay claridad de cómo funcionará esto. El acuerdo firmado por los 14 partidos políticos no específica cómo será la elección de estas personas, de quienes tampoco hay claridad si recibirán remuneración por su trabajo.
Si bien el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, aseguró que su trabajo será ad honorem, desde la oposición han dicho que esto no será así, por lo que es un punto que se deberá zanjar en la presentación del proyecto en el Congreso.
Rol de los expertos
Los expertos o expertas tendrán a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional. Sus decisiones se tomarán por un quórum de tres quintos (3/5) de sus miembros y podrán tomar la palabra en todas las instancias.
Luego, el Consejo Constitucional trabajará cuatro meses sobre el texto de nueva Constitución y al final el Comité de Expertos entregará un informe en el que podrán formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas con distintas normas de quórum.
En caso de que no se logre un acuerdo entre el órgano redactor de la nueva Constitución y los expertos, se conformará una Comisión Mixta con integrantes de los dos grupos para resolver sus diferencias.
Cómo funcionarán los quórum
A diferencia de lo que ocurrió con la Convención Constitucional, donde se requería un quórum de dos tercios (2/3) del pleno para aprobar cualquier nombra, el Consejo Constitucional deberá alcanzar un quórum menor, de tres quintos (3/5) para aprobar cada propuesta y que quede en el texto constitucional.
Lo mismo ocurrirá con el Comité de Expertos que deberá resolver sus propuestas con un quórum de 3/5 ente sus 24 integrantes.
Las propuestas finales que hagan para mejorar la redacción y comprensión del texto también deberán ser aprobadas por 3/5 en el Consejo Constitucional. Sin embargo, si no son aprobadas, las propuestas de normas no se entenderán por rechazadas, a menos que alcancen un rechazo de dos tercios (2/3) de las partes de los miembros en ejercicio del órgano.
“Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de las circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia”, explica el acuerdo.
“En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de cinco días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales”, añade.
