Diputados de Renovación Nacional (RN) y el Partido de la Gente (PDG) criticaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pidió a las autoridades chilenas modificar la Ley Nain-Retamal que avanza en el Congreso y que crea la figura de la “legítima defensa privilegiada” para los funcionarios policiales.
El jefe de la bancada de diputados de RN y autor del proyecto de ley, Andrés Longton, acusó a la ONU de “inmiscuirse” en la situación interna de Chile y pidió al organismo internacional preocuparse por “las víctimas”.
“Yo le diría a la ONU que mejor se preocupen de los Derechos Humanos de las víctimas de este país, de las víctimas del terrorismo en la macrozona sur, de las víctimas del narcotráfico y el crimen organizado que está absolutamente descontrolado en nuestro país, de las víctimas de Carabineros que siguen muriendo a manos de delincuentes”, expresó Longton.
ONU alerta que disposiciones de ley Nain-Retamal “no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos”
Desde la ONU consideraron que la ley “no se ajusta al derecho internacional de los Derechos Humanos” y que, tal como está escrita, podría “abrir nuevos espaciosa nuevas violaciones a los Derechos Humanos o a la impunidad.
“En particular, preocupa a la oficina la introducción de un criterio subjetivo del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas”, declaró el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
El diputado del PDG Gaspar Rivas también cuestionó al organismo e incluso acusó de ser “una herramienta política de la izquierda”.
“Este organismo internacional fracasado se ha convertido en una herramienta política al servicio del globalismo cultural de la izquierda progresista, y uno de sus ejes principales a nivel mundial es la defensa de los Derechos Humanos de los delincuentes”, acusó Rivas.
“La ONU no tiene por qué entrometerse en asuntos que son privativos de un Estado soberano como es el Estado chileno. No va a ser la ONU la que va a venir a solucionarnos los problemas de delincuencia desatada que estamos sufriendo. En vez de entrometerse en asuntos que le corresponden al Estado chileno, debería preocuparse de detener la guerra entre Rusia y Ucrania”, añadió.
La norma tuvo el respaldo de toda la oposición y parte del oficialismo en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque desde el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) han manifestado su inquietud por la figura de la “legítima defensa privilegiada”.
El Gobierno de Gabriel Boric se comprometió a ingresarle indicaciones a la ley en el Senado para, precisamente, modificar este aspecto que es considerado por la oposición como “el corazón del proyecto”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también había criticado la iniciativa que tiene el respaldo del Socialismo Democrático.