Una accidentada tramitación ha tenido esta mañana el proyecto de ley corta sobre gratuidad universitaria para el año 2016.
Junto con el accidente en la ruta 68 -que provocó un retraso en al menos 30 parlamentarios- hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez detalló que en estos momentos la comisión de Hacienda está sesionando de urgencia luego que el gobierno "olvidara" considerar en la redacción del texto la situación de universidades del G9 que son fundaciones, entre ellas la de Concepción, la Austral y la Federico Santa María (ver subtítulo).
Un tema que, de no enmardarse, podría haber dejado fuera a estas instituciones.
Consultado sobre cómo ningún parlamentario de la Comisión de Hacienda reparó ayer esta omisión, Núñez respondió que "aparentemente no"
"Esto ocurre cuando tenemos tan pocas horas en un proyecto que es tan importante para poder legislar", manifestó.
Pasado el mediodía la comisión de Hacienda aprobó los cambios al texto.
Los plazos para la tramitación de la ley corta son muy reducidos. Esto pues la idea del Gobierno es que esté despachada a más tardar este miércoles, debido a que el próximo lunes comienza el proceso de postulación a las universidades.
La ley corta ingresada ayer busca entregar gratuidad a las universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirán los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar. Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirán un incremento en las becas, las que subirán de un máximo de 700 mil a 850 mil por alumno.
Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes", les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.
¿Cómo se produjo el error y qué se propone para enmendarlo?
El proyecto de ley corta señala que "serán elegibles las Universidades no Estatales que eximan de cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de matrícula a los estudiantes que cumplan los requisitos señalados en el párrafo segundo, siempre que, al 27 de diciembre de 2015, se encuentren acreditadas de acuerdo a la ley N° 20.129 por 4 o más años, y cuyos controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro".
El problema se produce debido a que estas universidades no cuentan con controladores, sino que son administradas por fundaciones. Es por ello que la indicación propone agregar luego de la frase "cuyos controladores" la frase "en su caso".
Por otro lado el Gobierno enmienda la situación modificando el inciso que regula la inclusión de las universidades Estatales.
Ante ello se propone agregar que el beneficio correrá para las instituciones estatales “comprendidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N°4, de 1981, del Ministerio de Educación y las privadas no incluidas en dicha categoría”, asegurando así el ingreso de las pertenecientes al G9.
