Como parte de lo que denominan una "agenda anti represión" diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista presentaron un proyecto de ley que busca derogar la ley de seguridad interior del Estado, la ley antibarricadas y la que permite el control preventivo de identidad.
En la propuesta los parlamentarios aseguran que buscan suprimir "normativas que vulneran garantías constitucionales en materia de orden público" y que "sólo constituyen herramientas penales que persiguen fines políticos y comunicacionales, pero que no cumplen con los mínimos estándares de un sistema democrático".
"La manera en que el gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado el malestar social expresado en las calles de nuestro país, ha puesto de manifiesto la existencia de herramientas penales que se han utilizado únicamente para neutralizar a los adversarios políticos, para silenciar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta social, y para estigmatizar a sectores de la población que ven vulneradas sus garantías constitucionales por parte de policías que ejercen un control discrecional
sobre ellos", manifiestan los parlamentarios.
De acuerdo al diputado Giorgio Jackson, uno de los firmantes del proyecto, "tenemos elementos de sobra para perseguir cada uno de los delitos que ocurren en el país".
El legislador de RD apuntó al uso de la ley de seguridad del estado -que aumenta las sanciones para ciertos delitos graves- señalando cuestionando la decisión del gobierno de no invocarla en el caso de las amenazas contra la fiscal Ximena Chong, pero sí hacerlo contra quienes lanzaron una moto de Carabineros al Mapocho.
Lo mismo, dijo, "en el caso de los camioneros que tuvieron paralizado el país, arriesgando la integridad, la alimentación y la conectividad en plena pandemia y no se aplica la ley de seguridad del Estado. En cambio, cuando un manifestante lanza un huevo a una gobernadora sí se aplica".
