Este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el senador desaforado Jaime Orpis, quien es investigado en el marco del caso Corpesca.
La Corte acogió un recurso interpuesto por la fiscalía, que buscaba lograr una cautelar más gravosa que la decretada el 6 de junio por el 4° juzgado de garantía, cuando se estableció arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Corpesca: Corte de Apelaciones decreta prisión preventiva contra Jaime Orpis
Orpis deberá pasar en las próximas horas a un recinto penitenciario, pero aún puede presentar un recurso de queja para revertir esta situación.
¿De qué se acusa al parlamentario? A continuación revisa todas las imputaciones en su contra:
La fiscalía formalizó al senador Jaime Orpis por presunto cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Este es el detalle de las imputaciones y las réplicas de su defensa:
1) Cohecho: La fiscalía sostiene que Orpis, en forma ininterrumpida entre marzo del año 2009 y abril del año 2013 recibió un total de $233 millones lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales, "a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras con infracción a los deberes de su cargo". Incluso que habría recibido un "manual" de cómo votar.
Durante la audiencia la defensa del senador manifestó que Orpis votó "en contra de temas tan importantes como la licitación y las duraciones de las licencias. El tiene una posición contraria a la de Corpesca".
2) Delitos tributarios: La fiscalía acusa que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca. La defensa de Orpis ha buscado acreditar la "falta de dolo de parte de nuestro representado para disminuir base imponible de Corpesca". Adicionalmente descartó ilegalidad en los aportes de la pesquera hacia el parlamentario.
3) Fraude al fisco: El Ministerio Público acusa a Orpis de utilizar fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos abultando honorarios de asesores y simulando contratos.
Sobre este tema, la defensa de Orpis sostuvo durante las sesiones de la audiencia de formalización que "en realidad lo que hay acá son delitos de malversación de caudales públicos" y que los $151 millones involucrados ya fueron restituidos, incluyendo su debido reajuste al valor de la moneda actual.
"El reintegro no cambia la conducta, pero le da la oportunidad de recibir una sanción menor reintegrando el monto malversado", dijo su abogado.
