La tarde de este lunes el consejo nacional de la Democracia Cristiana revisó un informe elaborado por el abogado constitucionalista y militante de la colectividad, Patricio Zapata, sobre los parámetros éticos para definir la plantilla parlamentaria del partido.
En el documento, de nueve carillas, el jurista -cuya misión de revisar las candidaturas fue encomendada por la presidenta de la falange, Carolina Goic- comienza planteando que "nunca se me pasó por la mente que me cupiera ejercer algún tipo de poder de veto particular sobre todos y cada uno de los más de 250 camaradas seleccionados, en principio, para representarnos en las elecciones de noviembre".
El rol de Zapata, visto por algunos sectores como una suerte de "interventor" de la plantilla DC, causó molestia entre algunos diputados.
"Me parece importante que esos ajustes, si se hacen, respondan a la aplicación de estándares abstractos, derivados inequívocamente de resoluciones colectivas previas, y no dependan, por ende, de las simpatías personales, los apoyos en las encuestas o la pertenencia a una facción o lote determinado (“la ley pareja no es dura”)", sostiene el informe de Zapata.
La tarea del abogado surgió luego que el jueves 3 de agosto Goic decidiera bajar la candidatura al Congreso del diputado Ricardo Rincón, quien en 2002 fue acusado por violencia intrafamiliar.
El texto de Zapata apunta como parámetro a un estándar ético basado en que la DC "se abstendrá de incluir en sus listas de candidatos a personas que hubieren sido condenadas, en definitiva, por cualquier Tribunal de la República, por conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano".
Asimismo, postula que también es condenada la persona "a quien un tribunal civil, laboral o de familia, luego de acoger la demanda o denuncia, ordena cumplir una obligación, indemnizar los perjuicios, pagar una multa o realizar alguna otra conducta reparatoria o cautelar".
Zapata expuso en su informe que se agrega la prohibición "a las personas con condenas penales no aflictivas o condenas civiles, que les hayan sido aplicadas por un Tribunal de la República respecto de conductas gravemente atentatorias al núcleo central de valores exigible en un servidor público democratacristiano".
Dentro de esa categoría incluyó condenas dictadas en definitiva por un tribunal de la República por "maltrato infantil, violencia intrafamiliar, acoso sexual, tráfico de drogas o estupefacientes, malversación de recursos públicos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión y, en general, violación de los derechos humanos".
En su conclusión, el abogado constitucionalista alude a que el estándar propuesto en su documento es más exigente que la regla constitucional vigente. Además, remata asegurando que evitó deliberadamente "revisar si alguno o algunos de los actuales precandidatos del PDC se encuentra en alguna de las situaciones de impedimento que resultarían de acogerse estos estándares más exigentes".
Tras concluir una reunión del Consejo Nacional de la DC, dicha instancia junto a la mesa del partido afirmaron haber "tomado nota" del informe de Zapata.
"Se agradece el aporte entregado por el camarada zapata, tras lo cual los órganos regulares del partido procederá a resolver sobre candidaturas en el uso de las atribuciones que le son propias", expresaron.
