La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este martes la solicitud de desaforar a la diputada del Partido por la Democracia Cristina Girardi, querellada por injurias por el alcalde de la comuna de Cerro Navia, Luis Plaza.
El pleno del tribunal de alzada (causa rol 16-2015) desestimó por 26 votos contra 6, privar de inmunidad a la parlamentaria por considerar que declaraciones -injuriosas según el edil- se dieron en el contexto de una disputa política de larga data que sostienen ambas autoridades.
"Tanto el Alcalde señor Plaza como la diputada señora Girardi mantienen, desde hace varios años una acerba y enconada disputa política, inscribiéndose las que se denuncian en dicho campo de acusaciones cruzadas. Por de pronto, no se divisa el ánimo de injurias, pues la parlamentaria habla de una situación sumamente grave con el destino de los recursos. Se ha denunciado al Contralor y se ha hecho presente en el Consejo Municipal, en forma reiterada, solicitando una auditoría. Las expresiones "no puede un Municipio o un alcalde tener impunidad, no comprar fármacos y no atender a la comunidad…", no revelan en forma precisa si el órgano municipal o el edil es el que, en esencia, descuida su función al no proporcionar a la comunidad los servicios que necesita (....). No se divisa, en consecuencia, el ánimo de afectar la honra de la autoridad municipal", sostiene el fallo.
La resolución agrega que "(…) en el caso del ilícito calumnia, la expresión que aísla el querellante: "… para robarle la plata los trabajadores…" no puede ser analizada sino en el contexto en el que fueron formuladas, siendo obligatorio incluir todo lo aseverado por la parlamentaria. Es así como, tratándose de una fuerte crítica política a la gestión, no se vislumbra la existencia de dolo o ánimo de provocar menoscabo o afectación a la honra del querellante, ya que no hay una imputación determinada y precisa de un delito cometido por éste, ni tampoco se precisa a la víctima, factores ineludibles para configurar la calumnia. Igual que en el caso anterior, se trata del ejercicio de la libertad de expresión frente a conductas de la querellada, requiriendo la intervención del órgano contralor y de otros servicios para cautelar el uso de recursos públicos".
Decisión adoptada con los votos en contra de los ministros Carlos Gajardo, Juan Cristóbal Mera, Marisol Rojas, Juan Antonio Poblete, Gloria Solís y Elsa Barrientos, quienes estuvieron por acoger la solicitud.
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