La Corte de Apelaciones de Santiago decidió decretar la medida cautelar de prisión preventiva para el senador desaforado Jaime Orpis, la que deberá cumplir en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
Esto luego de acoger un recurso interpuesto por la fiscalía, que buscaba lograr una cautelar más gravosa que la decretada el 6 de junio por el 4° juzgado de garantía: arraigo nacional y arresto domiciliario total.
En esa audiencia la jueza Daniela Guerrero estimó que los antecedentes invocados por el Ministerio Público contaban con "la suficiencia para estimar justificado el supuesto material de los delitos materia de la formalización", pero descartó pedir la prisión preventiva señalando que el imputado no era "un peligro para la sociedad" y que no se advertía "riesgo de fuga". Adicionalmente, hizo ver que a Orpis le podrían asistir las atenuantes de colaboración, reparación de daño causado e irreprochable conducta anterior.
Hoy el tribunal de alzada dio un giro respecto de ese fallo, lo que implica que el senador desaforado fue trasladado a las 16 horas al anexo Capitán Yáber -mismo lugar donde fueron enviados los involucrados en el caso Penta- para cumplir con la medida cautelar mientras se realiza la investigación en su contra.
El fallo unánime señala que tras analizar los antecedentes "se llega a la conclusión de que la libertad del imputado Jaime Antonio Orpis Bouchon constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
El tribunal de alzada señala que "para este análisis este tribunal tiene presente el número de delitos por los cuales ha sido formalizado, la naturaleza de los mismos y la sanción penal probable de conformidad a las circunstancias modificatorias, que en este estadio procesal podrían beneficiarle y/o perjudicarle".
"Es un fallo muy contundente y una señal al trabajo realizado por la fiscalía", comentó la fiscal Ximena Chong en conversación con T13.
El abogado de Orpis, Carlos Cortés, señaló que “claramente no compartimos (la medida de prisión preventiva) pero, como lo hemos hecho en todo este proceso, la respetamos”.
En ese sentido, el defensor explicó que el propio senador desaforado le solicitó no realizar ninguna petición especial. “Estamos asumiendo los costos que tiene la resolución judicial”, manifestó Cortés.
Por su parte, la esposa de Orpis, Ana Luisa Jouanne, pidió que “ojalá esto sirva para sincerar esta situación, y si no, que a todos se les juzgue por la misma vara”.
“La fiscalía y los querellantes han hecho una caricatura de Jaime. Él se equivocó y lo reparó, es muy distinto a la imagen que se ha dado de él”, agregó.
Entre lágrimas, Jouanne aseguró que “hasta el último día él va a defender que jamás se ha enriquecido con platas que no son de él”.
Esta medida, en todo caso, puede someterse a una posterior revisión. Precisamente, uno de los argumentos que ha hecho ver la defensa del senador apunta a su delicado estado de salud.
"Es una resolución que nosotros no nos esperábamos, pero la respetamos y la acatamos. Él durante la tarde se va a poner a disposición del tribunal y esperamos revocarla a la brevedad", comentó el abogado Carlos Cortés.
Las imputaciones en su contra
La fiscalía formalizó al senador Jaime Orpis por presunto cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Este es el detalle de las imputaciones y las réplicas de su defensa:
1) Cohecho: La fiscalía sostiene que Orpis, en forma ininterrumpida entre marzo del año 2009 y abril del año 2013 recibió un total de $233 millones lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales, "a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras con infracción a los deberes de su cargo". Incluso que habría recibido un "manual" de cómo votar.
Durante la audiencia la defensa del senador manifestó que Orpis votó "en contra de temas tan importantes como la licitación y las duraciones de las licencias. El tiene una posición contraria a la de Corpesca".
2) Delitos tributarios: La fiscalía acusa que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca. La defensa de Orpis ha buscado acreditar la "falta de dolo de parte de nuestro representado para disminuir base imponible de Corpesca". Adicionalmente descartó ilegalidad en los aportes de la pesquera hacia el parlamentario.
3) Fraude al fisco: El Ministerio Público acusa a Orpis de utilizar fondos que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos abultando honorarios de asesores y simulando contratos.
Sobre este tema, la defensa de Orpis sostuvo durante las sesiones de la audiencia de formalización que "en realidad lo que hay acá son delitos de malversación de caudales públicos" y que los $151 millones involucrados ya fueron restituidos, incluyendo su debido reajuste al valor de la moneda actual.
"El reintegro no cambia la conducta, pero le da la oportunidad de recibir una sanción menor reintegrando el monto malversado", dijo su abogado.
