Comisión de Ética del Senado cita a parlamentarios investigados a exponer sus casos
La comisión de Ética del Senado pidió a los senadores Iván Moreira, Jaime Orpis, Carlos Bianchi y Eugenio Tuma entregar "a más tardar" el 1 de julio antecedentes sobre las investigaciones judiciales en que se han visto involucrados.
El presidente de la Comisión de Ética, Hernán Larraín (UDI), dijo que la instancia ha resuelto ejercer las facultades que le confiere el reglamento para proceder de oficio frente a "situaciones graves y de público conocimiento" y que "están siendo objeto de investigaciones avanzadas por parte del Ministerio Público".
En concreto, esperan que los parlamentarios "tengan a bien explicar a la comisión las circunstancias que los afectan y les hagan llegar todos los antecedentes que puedan aportar, así como su opinión sobre el particular".
La idea es que los parlamentarios entreguen un documento y que puedan exponer "su versión sobre los hechos".
Luego de esto, la comisión resolverá los pasos a seguir, pudiendo decretar medidas disciplinarias en el marco de su competencia -la ética- "y con independencia de las que que eventualmente tomen las autoridades llamadas a tomar otro tipo de responsabilidades".
De acuerdo al reglamento actual, la comisión puede adoptar sanciones que abarcan desde la amonestación verbal o la amonestacion por escrito.
Larraín reconoce que si bien son sanciones "muy limitadas", enfatiza que el reglamento está en revisión precisamente para "darle más atribuciones a la comisión y al mismo tiempo para aumentar las sanciones que permitan en la proporción a la falta que se cometa poder tener sanciones de mayor significado, incluyendo sanciones pecuniarias".
¿Por qué no se citó a más parlamentarios?
La comisión resolvió citar a parlamentarios involucrados en investigaciones que cuentan con "avances" en su proceso judicial y que dicen relación al ámbito parlamentario.
Consultado sobre el caso de la senadora Ena von Baer, Larraín detalló que "al no ser citada en los procesos de formalización problemente ha quedado fuera del proceso, por lo menos por ahora. Se acordado no solicitarle mientras no se esclarezca su situación".
Sobre el caso de Jorge Pizarro, contra quien se interpuso una querella por presunto cohecho, Larraín insistió que el proceso se ha acotado a las "investigaciones judiciales que están avanzadas".
En el caso de Orpis, si bien no ha sido formalizado, se resolvió citarlo ya que reconoció "irregularidades".
Los casos que involucran a los parlamentarios citados
Iván Moreira: El senador UDI será formalizado el próximo 22 de junio en el marco del caso Penta. La fiscalía nacional sindica al parlamentario -y a otros cinco políticos- como facilitador de boletas ideológicamente falsas (artículo 97 número 4 del Código Tributario) que fueron emitidas a Penta, a cambio de dineros que habrían sido destinados a financiar campañas políticas.
Jaime Orpis: El parlamentario es indagado por la Fiscalía por presunto cohecho a partir de pagos realizados a sus colaboradores por parte de Corpesca -del grupo Angelini- entre 2010 y 2013.
Orpis reconoció que "solicité apoyo para el financiamiento de campañas políticas", añadiendo que "se generalizó una manera irregular de financiamiento del que lamentablemente no pudimos abstraernos".
Carlos Bianchi: El senador independiente enfrenta una investigación por por fraude al fisco y negociación incompatible, a raíz de un "sobreprecio" que habría cancelado al arrendar una sede en Punta Arenas a familiares.
El pasado 5 de junio la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la solicitud de desafuero contra el parlamentario. Bianchi apeló ante la Suprema señalando que la investigación en su contra "es demencial".
Eugenio Tuma: El senador PPD enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en sus rendiciones de cuentas, luego de una denuncia de su ex jefa de gabinete.
Tuma ha señalado que "fue un error absolutamente involuntario de mi parte y voluntario o involuntario de quien hace la denuncia, porque precisamente la que la hizo era quien tenía que hacer la declaración de gastos parlamentarios ante el Senado".
El 14 de enero la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la solicitud de desafuero contra el parlamentario.