El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió este lunes a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios y sostuvo en dicha instancia que el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, tiene la obligación de asistir al Congreso, pese a que ha sido citado en dos ocasiones y se ha excusado.
Crispi ha sido requerido por la comisión que encabeza el diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro, quien ha dicho que buscan saber cuándo fue que La Moneda se enteró en particular del Caso Democracia Viva, que destapó el Caso Convenios.
“No quiero parecer dogmático, pero es una convicción: en un estado democrático uno de los principios fundamentales es rendir cuentas, dar cuenta significa: dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma. Cualquier persona que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas independiente de la denominación que tenga su cargo”, sostuvo Bermúdez en la comisión.
Gobierno espera responder por escrito sobre Crispi
La ministra del Trabajo, Jeannette jara, se encargó este lunes de la vocería que habitualmente emite tras el comité político la ministra Camila Vallejo, y explicó que estos temas, las citaciones a asesores como es el caso de Miguel Crispi, no tienen una jurisprudencia clara.
“Revisado los casos anteriores, debido a que no hay mucha jurisprudencia en esta materia, sí pudimos encontrar un caso que en 2015, la jefa de gabinete de la presidenta en ese entonces, fue citada a declarar a un caso dentro de una comisión investigadora, pero la misma comisión investigadora, en atención a verificar la situación particular de los funcionarios que ejercen su trabajo en Presidencia, determinó enviarle un cuestionario por escrito”, planteó la ministra Jara.
“En ese contexto, nosotros estamos plenamente disponibles para responder no solo al contralor, sino que también las preguntas que pudiere tener esta comisión investigadora sobre el rol que el actual trabajador de presidencia cumplió como exsubsecretario de Desarrollo Regional, a fin de poder aclarar cualquier duda”, añadió.
“Estos temas no tienen jurisprudencia, son bastante opinables, pero sin duda somos muy respetuosos de las decisiones del contralor general de la República, cuando esta se adopte en definitiva y nos sea comunicada por vía formal”, complementó.
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Crispi es parte de Revolución Democrática y, en un inicio, el expresidente de dicho partido Juan Ignacio Latorre dijo que iba a comunicarle a él lo que se habían enterado sobre el Caso Democracia Viva, pero aseguró que finalmente no lo hizo. Además, fue subsecretario de Desarrollo Regional los primeros seis meses del Gobierno de Boric.
“Estamos plenamente disponibles para responder todas las consultas que traslade el contralor a partir de todo el tema que se ha suscitado sobre si debe concurrir o no, y estaremos disponibles a lo que el contralor con todos los antecedentes tenidos a la vista pueda resolver”, insistió la ministra Jara.
“Lo que ha ocurrido hasta el momento es que no se ha contado con los antecedentes que La Moneda puede entregar al respecto de las razones que puedan estar motivando esta decisión”, añadió.
