La polémica en la Cámara de Diputados por la decisión de la mesa de declarar admisible el proyecto que busca derogar la ley de pesca provocó la postergación de la votación del informe con las conclusiones de la Comisión Investigadora del Caso Caval.
El presidente de la corporación, Marco Antonio Núñez (PPD), aseguró que la decisión fue respaldada por "todos los comités".
Finalmente la sesión quedó fijada para mañana miércoles a las 10:30 horas.
La instancia indagó sobre las reponsabilidades políticas de funcionarios en la polémica compra y posterior venta de los predios en Machalí por parte de la firma controlada en un 50% por Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
Hoy, en conversación con T13, el diputado UDI Felipe Ward detalló que en marzo, tras el receso legislativo, evaluarán la pertinencia de crear una nueva comisión ya que "Caval tiene antecedentes nuevos prácticamente todos los días".
"Según lo que vaya pasando en tribunales no descartamos pedir una comisión Caval 3. Funcionamos bastante bien, y eso da pie para que tengamos una nueva investigación", dijo.
Estos son cinco ejes del documento
El informe contiene una dura crítica al rol de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon y reprocha al Gobierno por la permanencia del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme.
Estos son algunos de los puntos clave
1) Crítica al rol de Caval: Se plantea que la firma "más que ser una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de Lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas".
"Además, dichas actividades relacionales crearon el ambiente ideal para generar, dados los vínculos de Caval, posibles escenarios de tráficos de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones hoy investigados por la Justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que sólo se pudieron franquear al estar en el entorno cercano de quien a la postre sería la Presidenta de la Republica", plante el texto al que accedió T13.
En este contexto se plantea la "urgencia de poner cortafuegos y marcos regulatorios que en lo sucesivo impidan y prevengan abusos de poder como los cometidos por esta persona jurídica y sus integrantes".
2) Cuestionamientos a Dávalos y Compagnon: Los parlamentarios plantean que "resulta fundamental para esta Comisión clarificar que conductas de abuso de poder – como estas ya sea que se detenten por una condición de facto como en virtud del ejercicio de un cargo público, no son aceptables en un Estado de Derecho, igualitario y democrático"
Por otro lado señalan que "habiendo tenido la oportunidad de poder explicar ante la Comisión Investigadora su desempeño y actuar en este caso, el Sr. Valero, la Sra. Compagnon ni el Sr. Dávalos comparecieron a efecto de clarificar los procedimientos utilizados y las justificación de los mismos, habiéndoseles despachado debidamente la correspondiente invitación, perdiendo con ello la oportunidad de conocer su verdad sobre estos puntos, restándose en consecuencia de una colaboración oportuna y eficaz en el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación".
En una de las declaraciones más duras del informe se señala que “las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente”.
3) Censura a Riquelme: El informe propone "reprochar el imprudente actuar" del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, quien reconoció haber recibido en La Moneda a Juan Díaz Sepúlveda.
"Cabe agregar que esta circunstancia no fue puesta en conocimientos de esta Comisión en la primera oportunidad en la que fue convocado, además de la ausencia de un reporte a sus jefaturas respecto de la realización de la mencionada audiencia con el Sr. Díaz, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad en el contexto de los hechos que han sido indagados, lo que hacen estimar, al menos, como inadecuada la permanencia del Sr. Riquelme como Director Administrativo de la Presidencia de la República, cargo que actualmente ejerce", plantea el informe.
4) Cuestionamiento al Gobierno, pero no a la Presidenta: Fue uno de los puntos más conflictivos de la votación del informe en la comisión investigadora.
Esto pues desde la oposición buscaban incluir un reproche a la Presidenta por mantener en el cargo a Riquelme. Finalmente se acordó incluir un reproche general al Gobierno.
“Cabe hacer presente que hasta el día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de administración de La Moneda, Cristián Riquelme, quien todavía sigue en el cargo pese a lo señalado previamente, ni se ha instruido proceso disciplinario alguno al respecto", señala el informe.
5) Piden fin de la dirección sociocultural: Plantean que la dirección sociocultural, como hoy se conoce, "no se condice con los tiempos actuales de la administración del aparato estatal la existencia de estas fundaciones y corporaciones, que en la mayor de la veces replican responsabilidades y actividades desarrolladas por otros órganos del Estado, cuyos estándares de control, transparencia y eficiencia son mayores y más estrictos que en el caso del antecedente".
"Así, se recomienda la eliminación de esta entidad de coordinación de naturaleza “sui generis” radicada en la Moneda y se propone su reemplazo por la creación regular del rol de “Primera Dama” o acompañante de la o el
Presidente de la República, sin calidad de funcionario público y como una figura más bien de sola representación protocolar y sin gestión directa en la administración del Estado", plantean
