Cámara despacha al Senado proyecto de desmunicipalización
Cámara despacha al Senado proyecto de desmunicipalización
Al Senado se despachó el proyecto de Nueva Educación Pública, que regula la desmunicipalización de los establecimientos públicos de educación básica y media.
En su intervención en la Sala, la ministra de Educación Adriana Delpiano manifestó que "no puede la Educación Pública estar sujeta a los cambios de alcaldes"
"Tenemos en nuestras manos la posibilidad histórica de que la Educación Pública vuelva al sitial que se merece", enfatizó.
El proyecto busca reorganizar el actual sistema de educación municipal en Servicios Locales de Educación (SLE) de carácter público, que tendrán patrimonio propio y un gobierno con participación de la sociedad y las comunidades educativas locales.
Estas nuevas entidades estarán vinculadas al Mineduc, a través de un servicio nacional, y serán las encargadas de administrar los colegios públicos y entregar apoyo técnico, administrativo y financiero a los establecimientos. Los SLE contarán con un sistema de asesoría en terreno, que estará organizado en redes de establecimientos, las que se constituirán por factores geográficos, niveles educativos o desafíos.
La idea del Gobierno es que los establecimientos funcionen en red, aprovechando economías de escala y asegurando una atención con mayores capacidades financieras y pedagógicas a los establecimientos más vulnerables.
El proyecto contempla un periodo de transición de seis años para implementar la nueva institucionalidad, que contará con un sistema de red con 67 servicios locales a cargo de los 5.330 establecimientos públicos en el país.
En el debate parlamentario, diputados de la Araucanía acusaron una discriminación hacia la región, lo que se resolvió agregando un nuevo servicio, llegando a 68.
Con todo, los municipios no dejan por completo el sistema, ya que serán parte del Consejo Local, donde tendrán participación directa.
La iniciativa contempla además la extensión hasta el año 2022 de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que permitirá incorporar $450 mil millones al proceso de traspaso, y el compromiso del gobierno de enviar antes del 31 de enero de 2017 un proyecto de ley que establezca un estatuto para los asistentes de la educación que garantice que ingresen a la dotación de los SLE.
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