No ha existido un apoyo cerrado de parte del oficialismo ante la respuesta del Presidente Sebastián Piñera en torno a la investigación de “Pandora Papers” sobre realizaciones de operaciones en paraísos fiscales por parte de 11 mandatarios en todo el mundo.
Los diputados de Chile Vamos han abordado el tema en privado y más allá de la declaración del propio mandatario -realizada este lunes en el Palacio de la Moneda, donde negó cualquier conflicto de interés-, dicen que “ha pasado mucha agua bajo el puente”, como para salir a defender a Piñera de manera taxativa.
“Muchos dudamos de emitir opinión, porque quizás qué va a salir en los próximos días”, afirman en privado sobre la investigación que, en resumen, da cuenta de que la familia de Piñera acordó, en diciembre de 2010, la compraventa de su parte de Minera Dominga con Carlos Alberto Délano, condenado posteriormente por delitos tributario en el marco del caso Penta, mediante un documento firmado en Chile por 14 millones de dólares y otro en las Islas Vírgenes Británicas equivalente 138 millones de dólares.
Uno de los puntos polémicos, además, es que el monto a pagar por Délano a la familia de Piñera debía cancelarse en tres cuotas, con una salvedad para el caso de la última: solo se haría efectiva si no se llegaba a establecer una zona de protección medioambiental en el área de la minera. Finalmente, el gobierno no impulsó una iniciativa medioambiental en el sector y la tercera cuota fue pagada por Délano.
Una de las primeras en salir a marcar distancia fue la diputada RN Camila Flores: “Cuesta poder creer que el Presidente de la República no haya tenido conocimiento de este negocio donde están involucrados todos sus familiares directos”, dijo este martes en el matinal de Chilevisión.
Flores añadió que el mandatario “debería ir despejando las dudas, porque es difícil creer en su palabra, terminando con todo proyecto en la zona”.
Más tarde fue el diputado de la UDI Cristián Labbé, quien emplazó a Piñera. “Lo más sano y prudente es generar una nueva investigación que aclare las cosas, que sea una investigación rápida, donde el Presidente Piñera sea capaz de clarificar a todos los chilenos que acá no hay un conflicto de elite con la política, que hoy día tiene a este país en lo que estamos. Le quiero decir al señor Presidente: basta de ser cómplice pasivo de sus negocios”, señaló.
En su cuenta de Twitter, en tanto, el senador RN Manuel José Ossandón también lanzó dudas en torno a los dichos del mandatario. “Sobre una acusación constitucional, a nosotros como senadores, nos corresponde ser jueces, pero lo que yo creo es que si la votamos lo haré en conciencia y si hay antecedentes no me va a tiritar la mano para tomar la decisión”, dijo.
Incluso, el exalcalde envió una declaración pública en la que da cuenta de la gravedad de lo que él considera esta investigación en contra de la imagen del Presidente de la República. “Si se llegara a establecer que la falta de probidad opera desde el Palacio de la Moneda sería un golpe letal”, recalcó.
Más tarde, desde el Congreso en Valparaíso, Ossandón afirmó: “Si a mí me toca votar y a mí me comprueban que esto es cierto, yo no tengo ningún problema en votar a favor”. “¿Una acusación constitucional?”, fue la contrapregunta. “Sí, por supuesto”, respondió.
Pandora Papers: SII estudiará "nuevos antecedentes" de venta de minera Dominga
Consultados otros parlamentarios por T13, como el diputado UDI Sergio Bobadilla, este aseguró que “todas las situaciones como estas deben ser investigadas a fondo, de tal manera que no quede absolutamente ninguna duda respecto al actuar de ninguna autoridad de gobierno”.
Su par de RN Eduardo Durán añadió que “aquí habría un conflicto de interés, porque, por un lado, está el interés personal del Presidente Piñera y su familia, donde obtienen una cifra altísima de dinero con este negocio, de venta de acciones y, por otro lado, está la responsabilidad de ser autoridad máxima del país, que debe decidir a través de su gobierno si establece o no una zona de protección”.
Requerido sobre si cree o no en la declaración del mandatario ante la investigación, Durán aseguró: “Creer que él no se enteró que su familia estaba vendiendo acciones en casi 152 millones de dólares a su amigo más íntimo es pensar que la ciudadanía es ilusa. Yo no creo que sea tan creíble esa versión. Uno se inquieta cuando se le pierden 10 mil pesos del bolsillo o de la billetera, imagínese cuando hay 152 millones de dólares en juego; es muy difícil que lleve 11 años sin saber lo que pagaron por esa transacción”.
En el comité político ampliado de este lunes en Palacio, dicen en el oficialismo que se le consultó a los ministros sobre la investigación, pero solo minutos después el Presidente dio una declaración aclarando el caso. En la instancia, asimismo, los dirigentes pidieron máxima claridad.
Los parlamentarios, no obstante, dicen que la falta de defensa al Presidente -o incluso los cuestionamientos- son parte de la “desafección” hacia el gobierno.
Asimismo, las críticas oficialistas surgen justo en momentos en que la oposición decidió presentar una acusación constitucional contra Piñera.
La distancia de Sichel
Igualmente ha habido parlamentarios oficialistas que han defendido al Presidente Piñera como los diputados UDI Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma. Así como también el senador RN Rodrigo Galilea.
“Sería muy raro que si estas instituciones se pronuncian de una forma -refiriéndose al fallo del tribunal-, igual la Cámara de Diputados destituya al Presidente”, dijo Ramírez mientras Coloma apeló a que esto es solo sentido electoral. “Acá lo que hay que es un golpe blanco que lo que busca es obtener beneficios electorales”, manifestó.
Mientras Galilea recalcó: “Se ha acusado al Presidente de usar sociedades fantasmas, eso es falso. Se ha acusado al Presidente de que obtuvo utilidades en el extranjero y que no pagó los impuestos en Chile, eso también es falso”.
En radio Pauta, en tanto, el diputado Evópoli Francisco Undurraga si bien criticó la intencionalidad de la oposición, dijo que “no me cabe ninguna duda que este negocio de la familia del Presidente tiene que ser reesclarecido”. Y añadió que “no es deseable que la gente ponga sus dineros en territorios donde no se paga impuestos o son muy bajos, y no contribuye al país, por supuesto que tiene que ser discutido”.
El candidato presidencial del bloque, por otro lado, este martes marcó distancia, pero descartó que hubiese conflicto de interés.
“Lo he dicho abiertamente todos estos días: transparencia total, aclarar todo lo que sea necesario, los conflictos de interés son una tragedia en el país y, por lo tanto, nos gustaría que quede lo más claro posible”, dijo y subrayó que el Presidente, de ser necesario, debe “seguir respondiendo todas las preguntas que haga la prensa respecto a esto y seguir tranquilizando y aclarando a la población lo que pasó”.
Sobre si cree que hubo conflico de interés, Sichel respondió: “Lo que yo he visto hasta ahora, la información del Presidente, es que no lo es. Por eso lo que espero todos los días es que siga aclarando cualquier duda que exista”.
Si bien en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el Presidente necesita de mayoría simple para ser aprobada, en el Senado se requieren de un quórum de 2/3, es decir, una oposición alineada y otros cinco oficialistas descolgados.
