Hasta ayer en la tarde no había claridad en La Moneda si la nueva Ley Antiabusos que se anunció esta mañana sería una normativa nueva o una basada en mociones parlamentarias, de oposición y de gobierno, pero con indicaciones. La balanza estuvo inclinada a esta última opción, porque una de las aprehensiones era que los acusaran de sacar iniciativas que ya estaban en el Congreso, pero al final, el equipo donde participó Presidencia, el ministerio de Justicia, Economía, Segpres y Hacienda, decidió en la última reunión del día, que terminó ayer a las 18.30 horas, que la norma que atacará los delitos de cuello y corbata será completamente nueva.
Durante varios días estuvieron definiendo la puesta en escena, porque saben que en el meollo de toda esta crisis están las diferencias que hay en Chile entre lo que algunos llaman ciudadanos de primera y segunda categoría, y por lo mismo, en Palacio saben que deben entregar una agenda contundente, con una mística “distinta”, aseguran en el gobierno.
Al final, se decidió que el anuncio iba a ser una intervención sencilla y sobria. En principio, se pensó en la azotea de del Ministerio Justicia o de Relaciones Exteriores. A última hora, sin embargo, se decidió que la actividad se realizó en La Moneda.
El anuncio tiene 3 aristas. El primer foco es la colusión: fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, en términos de aumentar las penas de estos delitos, carteles, y prácticas contra el mercado, con cárcel efectiva, además de crear un ítem para los delitos de financiamiento ilegal de la política, a los cuales el gobierno extenderá los plazos de prescripción de 2 a 5 años, de manera que puedan ser perseguidos con mayor severidad, item al que el Mandatario nunca había echado mano, probablemente porque los socios de Penta, en donde comenzó todo esto, son muy cercanos. Ahora se hace explicito el delito, y las penas.
"Los delitos contra la democracia deben ser tratados con la misma vara y sin ningún trato preferente", afirmó al respecto el Presidente Piñera.
La idea es dar a conocer también la figura del informante anónimo, con mecanismos de protección a quien al interior de la compañía o fuera de ella, denuncie prácticas ilegales, con un registro que va a ser monitoreado por la Contraloría, de manera que la ley antiabusos y anticorrupción se enmarque también en lo público.
"Estos proyectos aumentan las penas y establecen en algunos casos prisión efectiva como un forma de disuadir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones, o anticompetitivas", detalló.
Un segundo punto se centra en fortalecer el mercado financiero y castigar el delito de uso de información privilegiada. La idea es robustecer la supervisión de este delito, aumentar las sanciones, además de presentar herramientas preventivas. Además se intensificará la fiscalización de este ilícito, a través de la Comisión para el Mercado Financiero, la que dicen en La Moneda, podrá bloquear transacciones, además de buscar mecanismos para facilitar la comparación de precios.
En todos los delitos la idea del equipo que apoya al Mandatario es lograr las herramientas que permitan que las denuncias y querellas terminen en sentencia, para lo cual tendrían que hacer varias modificaciones legales, además de modificar algunas facultades del Ministerio Publico.
El tercer punto tiene que ver con dar a conocer una agenda de trato justa, para los consumidores y trabajadores, la cual -a último minuto- decidirán si la dan a conocer hoy o en los próximos días, de manera de parcelar los temas, pero lo crucial es generar un defensor ciudadano con más atribuciones, con dos ámbitos de acción: la defensa del ciudadano frente al Estado; y la defensa frente a los abusos del ámbito empresarial.
