-¿El proyecto de ley corta de Isapres podría generar un monopolio de Fonasa en el sistema de Salud?
-Nosotros tenemos una discusión pendiente a nivel constitucional. En la práctica hay que ver si es aceptable o no un monopolio estatal para los aseguramientos y prestaciones de la salud. El proyecto constitucional, que fue rechazado el 7 de septiembre pasado, tenía en concordancia con el programa de Gobierno el artículo 44, que decía claramente que el sistema de salud iba a ser un monopolio estatal que podía establecer algunas derivaciones de convenio a prestadores privados, pero que toda la cotización y aporte fiscal iba a ir únicamente a un ente estatal, que es lo que prometió el Presidente Gabriel Boric en su campaña. Hoy, el tema más álgido que tienen los expertos es este punto. Probablemente el Consejo Constitucional se tendrá que ocupar de este tema.
-¿Eso va a cambiar en este nuevo proceso constitucional?
Yo presumo que en la situación política de Chile hoy día, es que en el nuevo texto de la Constitución -que debiera ser aprobado en diciembre- va a decir claramente que la cotización obligatoria puede ser ingresada a un ente público o privado. Creo no estar equivocado dada la composición del nuevo cuerpo constitucional. En ese contexto, esta discusión -si es aceptable o no un monopolio estatal- es una discusión pendiente y muy de fondo. Y cualquiera que lo quiera anticipar por secretaría como podría ser por ejemplo, con esta Ley Corta -que en la práctica termina con el sistema de aseguramiento privado- no está escuchando lo que la ciudadanía dice.
-¿Cómo se ven las opciones del sistema de Isapres?
-La situación está bordeada por líneas rojas, porque el fallo de la Corte Suprema hay que cumplirlo. Creo que la reforma constitucional que están planteando los senadores Rincón y Walker no va a ser aprobada por el quórum que requiere. En ese contexto, va a primar el fallo de la Corte Suprema, que obliga a la devolución de estos excedentes. El cálculo que está determinado como receta en el fallo de la Corte Suprema, que tiene poco espacio para interpretación, también es una línea roja difícil de atravesar. En mi opinión, lo único viable en el corto plazo es -mientras se fortalece Fonasa o se hace una reforma que le dé claramente un rol a los privados- es que se modifique la Ley 21.173, que permite a los cotizantes del sistema de Isapre cobrar sus excedentes en dinero efectivo al 31 de diciembre de cada año.
-¿Cómo se cumple el fallo si las Isapres no tienen cómo pagar?
-Si efectivamente el fallo lo que pretende es que se devuelvan estos excedentes y las Isapres no son capaces y quiebran, eso significa que las Isapres desaparecen y se produce un daño en cadena al aseguramiento privado, a los seguros complementarios de salud que operan sobre las Isapres, y por supuesto a la red de prestadores. Y lo que es más dañino de todo es que las personas que teóricamente tienen un excedente, un patrimonio en la cuenta de la Isapre, no van a recuperar nunca ese dinero, porque la Isapre no va a poder cumplir ese pago. O sea, el escenario es malo por todas partes.
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-¿Y se tiene que cumplir el fallo?
-Es muy difícil en el Sistema Judicial chileno hacer una Reforma Constitucional que tenga rango superior al dictamen de la tercera sala de la Corte Suprema. Puede haber gente que diga eso, pero yo creo que es tratar de tocar el cielo con la mano. Eso es imposible que ocurra y que sea autorizado por el Congreso una Reforma Constitucional. Lo único que se puede hacer es que otros capitales ingresen para financiar el déficit de las Isapres. O que los dueños de las Isapres coloquen estos US $1.400 millones, cosa que veo muy difícil. No veo dónde están esos recursos disponibles para empresas que tienen sus días contados.
-¿Se abre la puerta a nuevas Isapres?
-Podría ocurrir que apareciera una Isapre si se toma en cuenta la probabilidad de que haya agentes interesados en esas aventuras y reinscribir personas de otras Isapres que ya consideran muy alto el costo que están pagando, y producto de eso están espontáneamente migrando a Fonasa. El mercado de las Isapres se va a achicar y tendrían que haber personas con ingresos muy altos que puedan pagar los planes de Isapres que podrían crearse.
-Fonasa está viendo la posibilidad de una licitación de los seguros complementarios dentro de la Ley Corta ¿Van a estar interesadas estas compañías de seguro?
-Es extraordinariamente difícil que en un producto que no se puede valorizar, que probablemente va a tener precios fijados por la autoridad sanitaria, haya un interés de las compañías de seguro por participar en esa licitación. Por lo tanto, es una opción utópica. Es altamente probable que como está redactada la ley corta, esta se rechace en general. Y que no se legisle esta iniciativa por un rechazo de la sala del Senado diciendo -al igual que como ocurrió con la Reforma Tributaria- que se diga que esta ley no la llevaremos adelante.
-¿El fortalecimiento a Fonasa se da porque el Gobierno espera que quiebren las Isapres?
-Hay una campaña de Gobierno muy fuerte para fortalecer Fonasa y recibir -como está ocurriendo- más cotizantes de Isapre que son los más sanos y que ven un cierto desnivel por lo que pagan en sus planes de salud y las necesidades de salud que ellos tienen. En ese contexto, Fonasa está trabajando muy fuerte, casi con independencia del resto de la discusión en el Ministerio de Salud y la Superintendencia. Fonasa va a ser el gran seguro público único para todos los chilenos. Esa es la idea de las autoridades de Fonasa y, en ese sentido, creo que ellos están haciendo lo que estiman prudente desde el punto de vista de marketing y comercial para generar esa migración ahora voluntaria y después obligatoria cuando caigan las Isapres.
-La Corte Suprema viene advirtiendo desde el 2015 la situación con las Isapres ¿Por qué no se hizo algo antes?
-Han habido avances incompletos, la misma tabla de factores que nosotros propusimos el año 2019, es un avance concreto para terminar con la inequidad de género, o sea que el plan de mujeres no valga más que el de hombres. Y así se han introducido muchas regulaciones. Pero las reformas radicales que han sido planteadas desde el año 2011 en adelante han sido algo que el Congreso se ha negado a legislar. Hay una responsabilidad del colegislador, el Ejecutivo y el Congreso de no haber dado la importancia que tenía y no haber visto las advertencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema.
-¿Y cuándo usted fue ministro?
-Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados el Plan Garantizado de Salud, quedó trabado en la cámara alta -donde se avanzó poco- lo que ocurrió porque hacia finales del primer Gobierno del Presidente Piñera, la izquierda pensaba que era evidente que la próxima Presidenta iba a ser Michelle Bachelet, y apareció una corriente maximalista, que es no reformemos el sistema porque vamos a tener un gran seguro público de salud como se planteó incluso en ese gobierno, cosa que no ocurrió.
