El Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió la mañana de este lunes a Romy Vargas, madre del soldado conscripto Franco Vargas, quien murió en medio de una instrucción militar del Ejército en Putre, y el gobierno prometió que la muerte del joven “no quedará impune”.
Además de la mamá del conscripto, el mandatario recibió a la madrina del fallecido joven, al exconscripto Francisco Adasme, quien abandonó el Ejército tras los hechos, y también estuvo presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien habló tras la reunión.
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“El Presidente se comprometió y apoyó todas las causas que se están llevando para esclarecer qué ocurrió con Franco y el resto de sus compañeros”, contó la ministra de Defensa.
“Acá se requiere la verdad, la mamá requiere saber todo lo que ha ocurrido con sus hijos, y justicia, lo he dicho, hay un proceso que se está llevando adelante. Lo que más requiere la familia es saber qué ocurrió, y que aquellas personas que no cuidaron a sus hijos como correspondía, sean sancionadas”, agregó.
“Nuestra democracia tiene que siempre confiar en la justicia. Acá lo más importante es que las familias tengan la tranquilidad de que todo lo ocurrido no va a quedar impune y que aquellos que le fallaron a los jóvenes van a ser sancionados”, complementó.
Muerte del conscripto Franco Vargas en Putre
Si bien el joven soldado murió la madrugada del sábado 27 de abril, su caso se conoció públicamente casi una semana después porque la misma madre lo denunció en distintos medios de comunicación.
En un inicio, desde el Ejército aseguraron que habían cumplido con todos los protocolos de atención al joven Vargas cuando se descompensó en ejercicios de aclimatación a la altura en Putre, sin embargo, con el correr de los días el Cesfam de la comuna desmintió que Franco hubiese llegado con signos vitales al lugar, y los propios excompañeros del joven acusaron malos tratos.
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El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, reconoció que la información entregada en un inicio por la institución no era “precisa” y removió de su cargo a dos generales y cinco suboficiales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en tanto, ingresó una querella para que la justicia civil investigue el caso, mientras que la justicia militar está recabando los antecedentes.
