(Esta nota fue actualizada con nuevos datos sobre el caso)
"Temo por mi vida y por mi salud" afirma Carlos Monsalve desde Concepción, la ciudad a la que tuvo que mudarse en 2018 en medio de una compleja disputa con el servicio de salud de Puerto Montt, su ciudad de origen, para obtener la medicación para el VIH que le habían diagnosticado tiempo antes.
Su relación con el sistema de salud público, dice, nunca ha sido fácil. Menos desde que se enteró que era una de las más de 70 mil personas que se estima viven en el país producto de este virus que, sin tratamiento, provoca un progresivo deterioro en las defensas que incluso puede derivar en la aparición de enfermedades oportunistas que pueden llegar a causar la muerte, y donde el acceso a terapia es fundamental (revisa nuestro especial sobre VIH y aclara duras en el siguiente enlace).
Esta crisis por el coronavirus no ha sido la excepción. Según cuenta Carlos, de 30 años, desde el inicio de la pandemia sigue retirando mensualmente sus medicamentos en el hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Una situación que, dice, lo expone al contagio del coronavirus.
Es por ello que decidió acudir a la justicia.
El caso de Carlos es solo uno de los dos recursos de protección que se han ingresado en las últimas horas, luego que el pasado viernes la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera una orden de no innovar frente al requerimiento interpuesto por el activista Víctor Hugo Robles, quien demandaba la entrega trimestral de sus medicamentos, en conformidad a las indicaciones de Onusida.
El tribunal de alzada ordenó al ministerio de Salud entregar los medicamentos a Robles a la espera de que se resuelva el fondo de la causa, que podría sentar un precedente para quienes viven con VIH y se atienden en el sistema público, donde si bien el gobierno descarta un desabastecimiento, abundan las denuncias de dificultades para acceder a la triterapia.
"Se me ha informado que no hay quiebre de stock, que se están entregando los medicamentos de forma correcta, y vamos a rechequear con las seremías si esto se está replicando. Pero es un tema muy importante, que me preocupa mucho", afirmó el domingo el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado sobre el fallo.
El dictamen, al menos, ha dado resultados. El lunes Víctor Hugo Robles fue por sus medicamentos. "Fui con bastante nervio, no sabia lo que iba a a ocurrir, si se ibaa respetar o no la decisión de la Corte que ordena entregarme la terapia mientras se resuelve el fondo del recurso".
"Vine a retirar mis medicamentos y me fue entregada correctamente. Es un día muy importante en lo personal y para las personas que vivimos con VIH y en nuestra historia de lucha", agrega el activista.
Todo hace esperar que el fallo sobre el caso de Víctor Hugo Robles abrirá una ola de nuevos recursos ante tribunales, de personas que viven con VIH y que denuncian dificultades para acceder a sus terapias. Junto con el recurso presentado por Carlos Monsalve, el gestor cultural Felipe Díaz Olave presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique, el que fue declarado admisible la noche del lunes.
“Mes a mes debo exponerme trasladándome a las instalaciones del Hospital de Iquique en búsqueda de mis medicamentos, a pesar de las indicaciones internacionales que sugieren la entrega por 3 meses", señala.
El recurso de Monsalve fue acogido a trámite la noche del lunes por la Corte de Apelaciones de Concepción, que -en sintonía a lo fallado en Santiago con Robles- ordenó al hospital Guillermo Benavente entregarle su terapia para dos meses, mientras se resuelve el fondo del caso.
En tanto, al menos otros dos recursos están próximos a ser ingresados al poder judicial: En Santiago y en Temuco.
En tanto, la corporación Miles presentó un amicus curiae, un recurso que permite a terceros ajenos a una disputa judicial, y que cuenten con un justificado interés en la resolución del litigio, ofrecer opiniones consideradas de trascendencia para el proceso.
"En el contexto de la pandemia, las personas que viven con VIH son una población con una especial vulnerabilidad, por lo que no es justo, ni ético ni moral desplazarse mes a mes por su medicación", explica Javiera Canales, abogada de esta corporación, que -entre otras cosas- jugó un rol clave durante la tramitación de la la ley de despenalización del aborto en tres causales en Chile.
Otras organizaciones relacionadas con el mundo LGBTIQ+, en tanto, están analizando los pasos a seguir en este caso que podría marcar un precedente frente al tratamiento del VIH en el contexto de la pandemia.
En tanto, el abogado de Robles, Esteban Arévalo plantea que "me parece de suma gravedad que personas que estén viviendo con VIH en medio de una pandemia del coronavirus, tengan que recurrir a la justicia para que el Ministerio de Salud -que es el órgano del Estado que tiene como deber primordial proteger la salud de sus ciudadanos- tenga recién que reaccionar y hacer esta entrega multi-mes".
La dura respuesta del Minsal
Fue la noche del lunes que ingresó al sistema del Poder Judicial un documento de respuesta por parte del Ministerio de Salud. El texto interpuesto por el jefe de la división jurídica de la cartera, Jorge Hübner, -y al que accedió T13- asegura que el recurso de Robles "pretende traspasar a los tribunales una decisión que corresponde" al gobierno, "lo que es absolutamente improcedente", y que cualquier decisión en esta materia "consistiría en una intromisión en la adopción de políticas públicas".
Y en relación a la demanda de una entrega de terapia trimestral, el documento enfatiza que los recursos de protección están destinados a actos "cuya arbitrariedad o ilegalidad" se realice sobre "derechos preexistentes": "las meras expectativas no constituyen derechos", aseguran.
Y agregan: "dentro del contexto de una pandemia, se ha tratado de evitar la posibilidad de interrupción de los servicios de VIH y elaborar planes para el acceso a esos servicios, para que las personas que viven con VIH se les pueda garantizar la disponibilidad de los medicamentos y reducir la necesidad de acceder al sistema de salud, poniendo en marcha la aplicación de la dispensación multi-mensual de tratamiento contra el VIH". Y se asegura que el 7 de abril se instruyó la entrega de medicamentos trimestrales, "de acuerdo a la disponibilidad de stock".
Es esto último lo que han rechazado las organizaciones de diversos puntos del país, donde salvo casos como Antofagasta, donde efectivamente se está realizando la entrega trimestral, denuncian problemas para acceder a la medicación.
El Minsal, en tanto, desestima una vulneración al derecho a la vida e integridad físisca y psíquica de Robles, señalando que "no puede ser atribuible" a la cartera, ya que -dicen- han realizado "todos los esfuerzos para otorgar los medicamentos dentro del actual contexto de la pandemia".
Y aseguran que se han recetado y entregado medicamentos para varios meses "especialmente para el caso de personas que viven con el VIH y que son estables con el tratamiento". Esto último, sin embargo, contrasta con los testimonios recogidos por T13 semanas antes, en su mayoría personas que llevan décadas en tratamiento y cuyo estado es indetectable (es decir, el virus ya no provoca un deterioro en sus defensas y en caso de tener relaciones sin protección, no transmitirán el VIH).
Y finalizan diciendo que de acogerse el recurso "traería consigo no solo una desigualdad respecto de otros pacientes que se encuentran en una misma situación de riesgo, es decir que padecen VIH, sino también respecto de otros enfermos crónicos".
La carta de Onusida y la advertencia de expertos
El tema está generando atención en el contexto internacional. En las últimas horas, el director de Onusida para la zona de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Carlos Passarelli, envió una carta al ministro de Salud, Enrique Paris.
Aunque su contenido es confidencial, la misiva sería un recordatorio de las recomendaciones del organismo internacional en medio de la pandemia.
Y es que Onusida ha sido enfático en que "para evitar que las personas se queden sin medicamentos y reducir la necesidad de acceder al sistema de salud, los países deberían pasar a la plena aplicación de la dispensación multi-mensual de tres meses o más de tratamiento contra el VIH". En este link se pueden ver las recomendaciones del organismo.
Aunque no hay estudios oficiales, solo en Paraguay se estaría entregando terapia multimes sin mayores problemas, debido a que cuentan con fondos internacionales para estos efectos. En Argentina y en Uruguay también existen denuncias de dificultades para acceder a los medicamentos.
"Esto no puede estar ocurriendo", señala el infectólogo Alejandro Afani, quien durante décadas ha tratado a personas que viven con VIH, desde la época en que el tratamiento no estaba garantizado y quienes tomaban medicación se exponían a graves efectos secundarios, como abordamos en 2019 en T13 a propósito de los 35 años de la primera muerte producto del virus en nuestro país. En esta gráfica, en tanto, podrás ver cómo ha cambiado el tratamiento en estas tres décadas.
El jefe del programa de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile plantea que "llegar a esto es decir que no hubo ninguna instancia de poder solucionar esto de una manera mucho más racional. Es lamentable que esto tenga que solucionarse a través de la justicia, porque es un tema que el estado debiera dar las posibilidades para no exponer a una población que pudiera ser vulnerable y que pudiera tener consecuencias en caso de adquirir el coronavirus".
"Porque el COVID-19 no es problema en las personas que están con tratamiento, están indetectables y sus defensas están normales. Pero en personas que están haciendo su tratamiento de manera irregular y pudieran estar con insuficiencia en sus defensas, el escenario es otro. Esto es una prioridad y debiera solucionarse rápido, porque podemos encontrarnos con un problema mayor", advierte.
En tanto, al ser consultado sobre la explicación del Minsal -que descarta un desabastecimiento en la Cenabast, sino que más bien, atribuye el problema a la logística de los propios hospitales- Afani señala que "suponiendo eso, la logística también depende de ellos. Los hospitales públicos dependen del ministerio de Salud". "Si es un problema logístico, esto debiera solucionarse pronto"
Por otro lado, Afani advierte que con este tema "se produce una inequidad entre el sistema público y privado, porque las personas con isapre pueden retirar por varios meses e incluso se los van a dejar a la casa".
"Con esto tu expones a las personas al ir a buscar los medicamentos", añade el experto.
La situación, dice, es especialmente preocupante considerando que en Chile entre un 30 a un 35% de los casos son diagnósticos de presentación tardía, "que es gente que tiene una inmunodeficiencia importante, y eso principalmente se da en el sistema público".
"Entonces la gente que más se expone es la gente más expuesta", finaliza.
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