El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la situación de la machi Francisca Linconao, luego que se revocara la prisión preventiva con que se encontraba, para pasar a la modalidad de arresto domiciliario.
Linconao -imputada por su presunta participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay- cumplía ayer 14 días de huelga de hambre, medida que dejó luego de la rebaja en sus cautelares.
Abbott hizo hincapié en que "el Ministerio público ha llevado adelante una investigación bastante acuciosa y ha llegado a la convicción de tener antecedentes serios para formular acusación en contra de 11 personas, entre las cuales está doña Francisca Linconao".
"Ese es el contexto en el que hay que situar cualquier análisis en relación a la situación procesal y la situación de las medidas cautelares que se refieren a todas las personas involucradas en esos hechos", remarcó.
Consultado si ha habido presiones de cara a la modificación de las medidas cautelares, Abbott fue enfático: "Para el Ministerio Público, ninguna".
"Yo puedo responder por el Ministerio Público y le puedo decir que el Ministerio Público no ha recibido ninguna presión de nadie", enfatizó.
"El derecho a la vida es un derecho de carácter superior"
Consultado si la huelga determinó la modificación de criterios por parte del tribunal, Abbott dijo que "la medida ha sido resuelta por el Tribunal competente, es una medida que de algún modo se compadece con la gravedad de los hechos, a pesar que de no mediar la situación particular, que dice relación con la salud, debería estar en prisión preventiva igual que el resto de cualquier otro ciudadano chileno que ha sido acusado por un crimen tan atroz como el que estamos hablando, es decir, un incendio con resultado de muerte".
En cuanto a la postura del Ministerio Público sobre el agravamiento en el estado de salud de Linconao, el persecutor enfatizó que "si la situación de privación de libertad que importa la cautelar de prisión preventiva, ponía en peligro la vida de Francisca Linconao, producto de su situación natural, no de la situación que ella se ha puesto en virtud -de la huelga de hambre-, pues bien, en esas condiciones manifestamos que estamos plenamente de acuerdo en revisar la medida cautelar porque nos parece que el derecho a la vida es un derecho de carácter superior, respecto del cual el Ministerio Público tiene una obligación de resguardar".
"La huelga fue un hecho que desencadenó una serie de reacciones de personas que finalmente llegaron o derivaron en una modificación de la cautelar, pero el Ministerio Público estaba dispuesto a cambiar la cautelar en función de razones objetivas que podían ser determinadas por los órganos del Estado competentes, en este caso el Servicio Médico Legal (SML)", agregó.
