El exdirector del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Ricardo Ruiz matizó la auditoría realizada por la Contraloría General de la República por la entrega del IFE Laboral en 2021 y hasta febrero de 2022, cuando se detectaron pagos a personas que no cumplían con los requisitos que significaron más de 3 mil millones de pesos.
La exautoridad recalcó que el beneficio ayudó a millones de personas de todo Chile y aseguró que sucedan estos pagos no es algo nuevo.
“La Contraloría detectó, en menos del uno por ciento, discrepancias respecto a Sence. Cada uno de esos casos puede y deben ser revisados. De los recursos existe una trazabilidad perfecta, porque se sabe a quién se le depositó, cuándo y cuánto”, dijo Ruiz.
“Todo subsidio tiene proceso de reintegro, por lo tanto, ante cualquier discrepancia hay que llevar a cabo dicho proceso. No puede ni debe perderse ningún recurso del Estado y de existir discrepancias, se puede reingresar los recursos al Estado, a través del ejercicio tributario”, añadió.
En la auditoría que realizó el ente fiscalizador determinó que el Sence entregó el beneficio a personas que no cumplían los requisitos por una cifra superior a los 3 mil millones de pesos.
“Se determinó que el Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con algunos de sus requisitos. En particular, se verificaron beneficios otorgados a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado, beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía y beneficiarios que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios”, dice una de las conclusiones del informe.
“La entidad deberá ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.832 y $2.559.383.578 respectivamente”, añade.
Contraloría detecta irregularidades en la entrega del IFE Laboral por más de 3 mil millones de pesos entre 2021 y febrero de 2022
El IFE Laboral fue una medida impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera para ayudar a las personas que habían quedado sin trabajo producto de la pandemia de COVID-19.
El dictamen de Contraloría dice que la entidad deberá ejecutar el procedimiento consignado en la Ley 21.306 para el reintegro de los pagos por más de 3 mil millones de pesos de las personas que no cumplían con los requisitos, y este pago deberá ser acreditado en el término de 60 días hábiles desde que recibieron este informe.
Si los beneficiarios que no cumplían con los requisitos no devuelven el dinero, la Tesorería General de la República podrá ordenar retener la devolución de impuestos o cualquier otra devolución o crédito fiscal a los deudores.
Además, el informe de Contraloría cuestiona los contratos que hizo el servicio del Ministerio de Trabajo, que era encabezado en ese entonces por Patricio Melero (UDI), con la empresa Manpower Servicios Integrales.
El ente determinó la contratación directa de esta empresa, los pagos por servicios no contratados a la misma y la falta de acreditación de la experiencia del personal, entre otras cosas.
También se determinó que el Sence no aplicó multas que correspondían a Manpower Servicios Integrales por la falta de informes mensuales sobre el IFE Laboral.
La Contraloría ordenó ejecutar un sumario administrativo para acreditar eventuales responsabilidades.
