La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y pago del Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral) por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022.
En la auditoría que realizó el ente fiscalizador determinó que el Sence entregó el beneficio a personas que no cumplían los requisitos por una cifra superior a los 3 mil millones de pesos.
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“Se determinó que el Sence otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con algunos de sus requisitos. En particular, se verificaron beneficios otorgados a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado, beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía y beneficiarios que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios”, dice una de las conclusiones del informe.
“La entidad deberá ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.832 y $2.559.383.578 respectivamente”, añade.
El IFE Laboral fue una medida impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera para ayudar a las personas que habían quedado sin trabajo producto de la pandemia de COVID-19.
Además, el informe de Contraloría cuestiona los contratos que hizo el servicio del Ministerio de Trabajo, que era encabezado en ese entonces por Patricio Melero (UDI), con la empresa Manpower Servicios Integrales.
El ente determinó la contratación directa de esta empresa, los pagos por servicios no contratados a la misma y la falta de acreditación de la experiencia del personal, entre otras cosas.
También se determinó que el Sence no aplicó multas que correspondían a Manpower Servicios Integrales por la falta de informes mensuales sobre el IFE Laboral.
La Contraloría ordenó ejecutar un sumario administrativo para acreditar eventuales responsabilidades.
