Una familia de Antofagasta demandó al Fisco por antiguas libretas de ahorro heredades de su padre fallecido. Se trata de las cuentas que a finales de la década de 1960 abrió el señor Ramón Vega, con el objetivo de adquirir una vivienda, en la Asociación de Ahorro y Préstamos de Calama (ARENOR).
Una ley de 1982 para ayudar a la crisis financiera fusionó todas las organizaciones de ahorro, lo que provocó que el depósito donde Ramón Vega generó sus ahorros pasara a formar parte de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos.
Debido a esta situación, la familia del hombre generó una solicitud para que se puedan restituir los dineros que quedaron guardados en dos libretas en las que Ramón juntó dinero, según publicó El Mercurio de Antofagasta.
La primera libreta contaba a diciembre de 1973 con un monto de 146.447 escudos, mientras que la segunda, a marzo de 1975, tenía 354.895 escudos, fondos que de acuerdo a la actualización de moneda y los reajustes, suman un monto aproximado de 2.500 millones de pesos.
Esto desencadenó una batalla judicial, donde las hijas de Vega esperan que sea el Fisco quien resuelva el caso y logre saldar el dinero.
Hans Meyer, uno de los abogados que está llevando el caso, comentó al periódico que “la libreta pertenecía al padre fallecido de las representadas, la que pasó por posesión efectiva y son los herederos quienes están demandando al Fisco para que retribuyan el dinero (…) Tenemos conocimiento que existían más de 60 mil libretas en todo Chile, de las cuales varios libretistas, en su momento, demandaron al Estado por restitución o reembolso. Nosotros somos los primeros en demandar por falta de servicio”.
“Acá se están demandando dos cosas, primero la falta de servicio por parte del Fisco, en el sentido de que no ha aprobado ni rechazado la cuenta que le presentó el Ministerio de Hacienda y en segundo lugar, que le restituya el dinero actualizado y reajustado más una compensación de perjuicios a la familia”, explicó.
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Sin embargo, la respuesta desde el Estado fue negativa, afirmando que dicha secretaría carece de competencia legal para atender los requerimientos de los demandantes y que se cumple con la Ley 18.900, de poner a disposición del Presidente de la República, para que apruebe o rechace el caso.
De cualquier manera, para los abogados y la familia el caso no pierde vialidad, pues según informó el representante en la causa, los familiares demandaron al Consejo de Defensa del Estado, entidad que ya contestó el caso y que actualmente se encuentran en el proceso judicial de réplica y dúplica.
“Después vendría el llamado a conciliación donde llamarán a ambas partes para algún arreglo (…) Los antecedentes que manejamos dan cuenta de que hay una omisión por parte del Estado”, afirmó el abogado.
