La reciente encuesta Plaza Pública de Cadem, divulgada este 6 de octubre, revela un escenario preocupante en Chile, marcado por una creciente desconfianza ciudadana hacia las principales instituciones del país.
El estudio pone en evidencia una insatisfacción masiva con el funcionamiento del sistema político y el Poder Judicial, subrayando la urgencia de realizar reformas que canalicen el descontento de la ciudadanía.
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Según los resultados, el 90% de los encuestados se manifiesta insatisfecho con el sistema político. Una de las principales demandas que emerge es la reducción del número de parlamentarios, con el 43% de los participantes considerando esta reforma como la más urgente.
Esta postura refuerza la percepción de que el tamaño y estructura del Congreso no corresponden a las necesidades del país.
En paralelo, un 23% de los encuestados aboga por limitar el número de partidos políticos.
Lo anterior representa un aumento de 10 puntos respecto a los resultados de la encuesta de marzo de este año, sugiriendo una creciente frustración con la fragmentación política y el rol de los partidos.
En este contexto de desconfianza hacia la clase política, también ha crecido el respaldo para que el Congreso impulse una reforma integral del sistema político.
¿Crisis por aumento de la desconfianza en Chile?
Mientras en marzo de 2024 el 65% de los ciudadanos apoyaba esta idea, para octubre esta cifra ha aumentado al 74%, reflejando un consenso más amplio en la necesidad de cambios profundos en el funcionamiento del poder legislativo.
Por su parte, la insatisfacción con el Poder Judicial también alcanza cifras alarmantes. El 92% de los encuestados se muestra descontento con el estado actual de la justicia en el país.
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Entre las reformas más necesarias, el 44% de los encuestados destaca la necesidad de modificar la reforma procesal penal para fortalecer la seguridad pública, un tema que ha cobrado relevancia en el debate público debido al aumento de la percepción de inseguridad.
Además, los ciudadanos ven como prioridad modificar el sistema de nombramiento de jueces, señalando que la independencia y eficacia de los magistrados se encuentran en el centro de la preocupación.
