Tras descubrirse la presencia de una partida de 143 cervezas a bordo del submarino "Simpson" de la Armada, en mayo de 2016, y a petición del diputado comunista Hugo Gutiérrez, Contraloría se dispuso a indagar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios.
Así, el pasado 20 de enero, Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, firmó un polémico dictamen indicando que la presencia de alcohol en naves y reparticiones de la Armada "está expresamente prohibida", calificando esta acción como "falta gravísima".
Después de unas semanas en la polémica, el 3 de febrero, la Contraloría emitió un comunicado aclarando dicha prohibición, indicando que esta "no es absoluta".
Dicha resolución estableció que si bien el reglamento de disciplina de la Armada permite la introducción y uso de este tipo de bebidas en la institución con autorización previa, el decreto 487 de 1988 modificó algunos aspectos, como el impedimento del ingreso de licor.
A partir de esto, el ex comandante en jefe de la Armada, almirante (r) Miguel Ángel Vergara, realizó una crítica, afirmando que "la Contraloría hace una interpretación excesivamente restrictiva". A los dichos de Vergara, se sumó también el ex ministro de Defensa Jorge Burgos, declarando que "una prohibición absoluta me parece compleja".
La aclaración emitida por Contraloría, y con la firma de la Contralora subrogante, Dorothy Pérez, fue en respuesta a una consulta por parte del Departamento de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores de la Contraloría, que solicitó precisar los límites de dicho dictamen, con el fin de "establecer criterios para eventuales fiscalizaciones".
Pérez plantea que la introducción e ingesta de bebidas alcohólicas en unidades o reparticiones de la Armada "no se encuentra absolutamente prohibida, sino que está supeditada a contar con la autorización de la autoridad correspondiente".
Finalmente, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, principal denunciante del caso "Simpson" que motivó la investigación y posterior dictamen, aseguró que la aclaración emitida corresponde a "un cambio doctrinal" y una "vergüenza" de parte de Contraloría, quienes, a su juicio, "sucumbieron a las presiones de los poderes fácticos".
