La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) señaló una serie de problemas en la reforma a la educación superior que ingresó hace un par de meses al Congreso. Dentro de las observaciones que se indicaron en el análisis de la CNA, está el futuro Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), según consignó La Tercera.
En el proyecto del Gobierno se establece que el futuro Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que estaría coordenado por la Subsecretaría de Educación Superior y en el que participaría el Consejo para la Calidad, reemplazaría a la Comisión Nacional de Acreditación, al Consejo Nacional de Educación y a la Superintendencia de Educación.
De esta forma, la reforma a la educación cambiaría el actual sistema de acreditación institucional voluntaria, por uno obligatorio, lo que si bien es valorado por la CNA, implicaría, de acuerdo a éste último, una “concentración de poderes”, lo que es un riesgo significativo para la “probidad y la transparencia”.
El análisis, que ya fue entregado a la comisión de Educación de la Cámara, denunció una futura pérdida de autonomía por parte del nuevo consejo.
Alfonso Muga, presidente de la CNA, detalló que su preocupación se centra en que el nuevo organismo encargado de la acreditación tendría un presidente designado por el Presidente de la República. De acuerdo a Muga, todas las funcionas técnicas y políticas que hoy recaen en los miembros de la CNA pasarían a una sola persona. Explicó que “concentrar una dosis alta de poder en una sola persona es una apuesta extraordinariamente riesgosa, sobre todo cuando es un organismo que tiene que actuar en un plano muy diverso y con instituciones que tienen a su vez un carácter autónomo”.
De acuerdo al informe de la CNA, los criterios y estándares para la acreditación serían fijados por la Subsecretaría, por lo que se complejiza el panorama, ya que pese a que los miembros del directorio de la futura agencia concursarían por el Sistema de Alta Dirección Pública, sería el Gobierno quien los designe.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de la Agencia de Calidad indicó que “el órgano que tiene a su cargo la acreditación debería tener alta independencia para poder llevar a cabo su labor. Sobre todo si se considera que la nueva acreditación puede tener consecuencias para las instituciones sometidas al proceso, que podrían incluso significar su cierre”.
Sin embargo, en uno de los documentos entregados por el Mineduc al Congreso se explicó “que el proyecto considera que hay varias medidas para resguardar la fe pública, entre las cuales figura que “los directores y funcionarios (del consejo) estarán sujetos a las reglas de probidad administrativa”.
