AFP
La Organización de las Naciones Unidas denunció este martes el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva" durante las protestas en Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad de ser responsables de la muerte manifestantes.
"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
"Las entrevistas realizadas a distancia sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes", agregó el comunicado.
Como las autoridades de Venezuela rechazaron el acceso al país de los investigadores de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado, encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscal General.
"Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de derechos humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados 'colectivos armados', serían responsables de otros 27 fallecimientos", precisa el comunicado.
Según indicios verosímiles "las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura", alerta el Alto Comisionado, que denuncia el uso de "choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares".
Respecto al número de personas detenidas, ninguna cifra oficial ha sido publicada, pero "los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria", prosigue el texto. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas.
"Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General", agregó. "La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno", sentenció.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas "a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente".
La Oficina de la ONU también tuvo palabras para la situación enfrentada por la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega. La entidad afirmó que su destitución es una muestra más de la ruptura del Estado de Derecho en el país. "Está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el Estado de Derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando", advirtió.
