Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles que la fuerza pública de Ecuador ha cometido serias violaciones de derechos humanos en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno hecha por el gobierno en enero para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
La oenegé "ha documentado múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad", expresó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en una carta dirigida al presidente Daniel Noboa.
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"Las violaciones de derechos incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura", agregó la representante, quien pidió al mandatario "revisar su decisión".
En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos narco que produjo amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, autos bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.
El gobierno de Noboa, mandatario de Ecuador, decretó un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró al país en conflicto armado interno, que según la Corte Constitucional puede ser por tiempo indefinido.
Bajo esa declaratoria se ordenó a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, tildadas de "terroristas" y "beligerantes".
"Muchas personas parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y haber sido sometidas a represalias, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías", señaló Goebertus.
Añadió que "los militares, que controlan las cárceles desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos (...) los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión".
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores mundiales de cocaína-, dejó hace años de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para agrupaciones narco que se disputan el poder a sangre y fuego.
Matanzas entre presos dejan más de 460 muertos desde febrero de 2021 en el país, mientras que la tasa de homicidios trepó al récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 frente a una cifra de 6 en 2018.
HRW sostuvo que aunque los crímenes han disminuido, de acuerdo con el gobierno ecuatoriano, han aumentado las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave.
Estimó que la administración de Noboa declaró el conflicto armado interno "sin fundamento" y que debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y respete los derechos humanos.
"Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos", manifestó Goebertus.
HRW instó al Ejecutivo a poner fin al control militar sobre las prisiones y a la detención en régimen de incomunicación.
