Una propuesta de ley para rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 9 años ha provocado una fuerte polémica en Filipinas, donde diversos grupos lo consideran una violación de los derechos de la infancia.
La norma cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a los niños para cometer delitos graves, práctica común en el país, según el mandatario.
"El gobierno filipino está un paso más cerca de poder enjuiciar a niños como si fueran adultos, pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte", indicó este miércoles en un comunicado el responsable de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.
El Comité de Justicia del Congreso aprobó el lunes el proyecto de ley, medida que el Senado se ha comprometido a ratificar.
"Esto sin duda empeorará la difícil situación de los niños filipinos atrapados en el sistema de justicia", señaló HRW.
Según los legisladores que han impulsado el proyecto, la ley protege a los niños de los criminales que tratan de explotarlos, pero organizaciones como HRW advierten de que la nueva norma los confinaría en centros de menores hasta 12 años.
ONU, UNICEF y Save the Children rechazan la propuesta
La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard -quien ha criticado duramente las políticas de Duterte-, también ha levantado la voz de alarma sobre esta "vergonzosa" medida, que calificó como "muy peligrosa y potencialmente mortal" para los niños filipinos.
"Lo vergonzoso es que la señora Callamard siga inmiscuyéndose en los asuntos domésticos de Filipinas", afirmó este miércoles el portavoz del presidente, Salvador Panelo, quien la acusó de pronunciar "teoremas ignorantes e intrusivos" sobre cómo un estado debe manejar sus problemas sin haberse leído a fondo la propuesta.
Panelo defendió que la norma castigará con cadena perpetua a los adultos que exploten a menores para delinquir, mientras que los niños de entre 9 y 18 años que comentan crímenes como asesinato, serán recluidos en centros especiales, no cárceles, donde recibirán atención de doctores, psicólogos y trabajadores sociales.
"Las estadísticas muestran un aumento de delitos cometidos por niños. La intención del proyecto de ley es precisamente protegerlos", explicó Panelo.
Organizaciones internacionales como UNICEF y Save the Children también han expresado su oposición a la norma y esgrimen "falta de evidencias" que prueben que los niños estén detrás del aumento de la criminalidad en el país, como alega el gobierno.
