Por Sonia Avalos (France Presse)
Partidarios convocan este lunes para recibir con bombos y platillos a la expresidenta argentina Cristina Fernández, que regresa a Buenos Aires desde la Patagonia para declarar por supuesta defraudación, mientras se resuelve si el juez debe apartarse de la causa.
Militantes kirchneristas preparan una concentración que anuncian multitudinaria en apoyo a la ex mandataria que arribará hacia las 22.15 locales al aeropuerto metropolitano desde El Calafate, 2.800 km al sur de Buenos Aires, adonde permaneció recluida desde que Mauricio Macri la sucedió el 10 de diciembre.
Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados son altos ex funcionarios de los gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. Las acusaciones van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.
Fernández debe comparecer el miércoles ante el juzgado federal de Claudio Bonadío, quien la citó por operaciones cambiarias del Banco Central realizadas en los últimos meses de su mandato.
Pero la declaración puede frustrarse si prospera un pedido de recusación presentado por otro de los involucrados en la causa contra Bonadío, un juez al que Kirchner intentó destituir acusándolo de imparcialidad.
La Cámara Federal debe resolver la petición y si la acepta debe definir nuevo magistrado por sorteo y las indagatorias se reprogramarán. La resolución puede sobrevenir entre este lunes y el miércoles, día de la citación de Kirchner, la última en declarar entre los trece citados.
Pulseada política
Mientras, militantes kirchneristas preparan una gigantesca movilización a tribunales el miércoles, así como una vigilia en la noche del martes, bajo consignas épicas de salvación a la líder del partido. Preparan incluso
"Si la citan a ella, nos citan a todos", se autoconvocan. Una suspensión de la indagatoria puede dejar sin efecto lo que sería una demostración de fuerza del kirchnerismo.
El jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia, dijo a la prensa que "se le va a brindar la seguridad que se merece como expresidenta".
Sin embargo explicó que el operativo en torno a tribunales incluirá cientos de efectivos, restricción del tránsito en una amplia zona y cámaras de seguridad "para resguardar el edificio" judicial. Otro de los citados por Bonadío es el ex ministro de Economía de Kirchner, Axel Kicillof, que debe presentarse el martes por la mañana.
El juez investiga una supuesta defraudación millonaria contra las reservas del Banco Central por operaciones cambiarias con dólar a futuro.
Según se consignó en la causa, el banco pactaba en noviembre el dólar de enero a 10,28 pesos. Pero en enero el billete cotizó un 50% más por la devaluación del 30% que se produjo tras la asunción de Macri, que liberó el mercado cambiario el 16 de diciembre.
El jueves compareció el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, que defendió las operaciones como una política cambiaria para alejar expectativas de devaluación en medio de la campaña presidencial.
Otra causa
Este fin de semana la ex presidenta también recibió la noticia del pedido de un fiscal para investigarla en otra causa por supuesto lavado de dinero. El juez federal Sebastián Casanello debe resolver si desestima o avala el pedido del fiscal, Guillermo Marijuán. La causa está bajo secreto de sumario.
El pedido contra Fernández se produjo tras la declaración de un testigo protegido en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años del gobierno kirchnerista. Numerosos allanamientos en búsqueda de documentación fueron realizados el fin de semana en distintos puntos del país.
El pedido contra la exmandataria incluye además a quien fuera su ministro de Planificación, Julio De Vido. El ex fiscal argentino y de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, cuestionó la imparcialidad del sistema judicial argentino.
"Son amigos del poder, cuando el poder cambia, la amistad cambia", dijo el domingo a C5N. El presidente Mauricio Macri también quedó en el ojo de la tormenta luego de un pedido de un fiscal para que se lo investigue por "omisión maliciosa" en su declaración jurada de dos empresas offshore, una de ellas revelada en la investigación mundial 'Panama Papers'.
"La corrupción es un delito de gente con poder, la gente pobre no puede comprar poder. El lavado de dinero con offshore lo hacen los ricos, no los pobres. Eso ha hecho que se armen jueces y fiscales que protegen el poder. Eso tiene que cambiar no puede haber una justicia que funcione para la impunidad", sostuvo Moreno Ocampo.
