"Elsy vuelve a casa”: con ese lema, la sociedad civil salvadoreña celebró el miércoles (9.02.2022) en las redes sociales la liberación de Elsy, quepasó diez años y siete meses en la cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo.
En ese momento tenía 28 años, era jefa de familia y trabajaba como empleada doméstica, cuando sufrió una emergencia relacionada con su embarazo. Buscó ayuda, pero en lugar de brindársele asistencia médica, fue detenida de inmediato como sospechosa de haber abortado y condenada a 30 años de prisión por "homicidio agravado”.
Morena Herrera es una de las activistas por los derechos de las mujeres más conocidas del país y lucha desde hace años por las mujeres que, debido a las leyes restrictivas sobre el aborto de El Salvador, son condenadas a largas penas de cárcel. Es cofundadora y portavoz de la oenegé Colectivo Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), que logró una reducción de la pena de Elsy luego de una batalla jurídica de varios años. "Ella fue denunciada en una situación de emergencia y condenada como consecuencia de un juicio injusto, lleno de irregularidades y sin que se le garantizaran sus derechos como acusada”, dijo Morena Herrera en entrevista con DW.
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Elsy es la quinta mujer condenada en El Salvador por un aborto espontáneo, es decir, por perder a su bebé, que es liberada desde diciembre de 2021. El 23 de diciembre fueron liberadas Karen, Kathy y Evelyn, y el 17 de enero fue puesta en libertad Kenia, luego de nueve años de encarcelamiento.
Estos nombres son seudónimos utilizados por las organizaciones de Derechos Humanos para proteger la identidad de las víctimas. Según datos del CFDL, en las últimas dos décadas se penalizó en ese país centroamericano a cerca de 181 mujeres que sufrieron un aborto espontáneo.
En El Salvador el aborto está prohibido por la ley, sin excepción alguna. Las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo que provocan abortos involuntarios o muerte fetal caen a menudo bajo sospecha de haberse practicado un aborto. Se enfrentan a cargos de homicidio agravado, que conllevan una pena de prisión de 30 años. La base legal es una reforma constitucional de 1998, que pone bajo protección "la vida humana desde la concepción", con graves consecuencias para las mujeres.
