Detienen a un hombre y una adolescente por ofrecer órganos humanos en redes sociales
Detienen a un hombre y una adolescente por ofrecer órganos humanos en redes sociales
Un hombre y una adolescente fueron detenidos en Venezuela por ofrecer la venta de órganos humanos en redes sociales, informó este martes la policía científica, días después del arresto de una mujer que ofreció un riñón por 20.000 dólares.
Un hombre de 41 años, identificado como Franklin Rosales, y una joven de 16 años, cuyo nombre se mantuvo en reserva, fueron capturados en San Félix (estado Bolívar, Sur) por "la comercialización de un riñón" en la plataforma Marketplace "a través de perfiles falsos en Facebook", informó Douglas Rico, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Rico publicó en Instagram que agentes decomisaron un teléfono celular en el cual "se evidencia la participación activa de los detenidos".
No se conocen mayores detalles del órgano y su procedencia, así como tampoco de la oferta de venta.
Los arrestos, agregó el jefe policial, se produjeron luego de "una denuncia pública realizada por las redes sociales" de "varias imágenes que hacen referencia a la venta de órganos humanos".
El pasado sábado, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que una mujer, Marielys del Carmen Yedr, fue arrestada por ofrecer un riñón por 20.000 dólares en Marketplace.
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El fiscal divulgó en Twitter fotografías del anuncio publicado por la detenida, ofreciendo "un riñón de niña de 15 años en perfecto estado".
Saab expresó entonces que el Ministerio Público investigaba si había una "red criminal" detrás de este tipo de publicaciones.
No hay un registro oficial sobre tráfico de órganos en este país caribeño, en severa crisis económica desde hace casi una década, donde a diario miles de personas luchan contra la escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas, entre estas las renales, y la limitada cantidad de sitios para hacerse una diálisis.
El programa estatal de trasplante de órganos dejó de funcionar en 2017.
El gobierno sostiene que su suspensión se debe a las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos contra Venezuela, pero varias ONG denuncian que el programa comenzó a mostrar fallas desde 2015.
