El gobierno colombiano logró este miércoles, en tiempo récord, que el Poder Legislativo aprobara el nuevo acuerdo definitivo de paz que suscribieron hace menos de una semana el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko".
El nuevo acuerdo se negoció en 40 días, después de que el primero fue derrotado en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
En vista de que una parte importante de la oposición no acepta el nuevo acuerdo, al que acusa de "cosmético", y de que el gobierno y las FARC lo consideran "definitivo", Santos desempolvó una vieja norma que le permite al Congreso de la República, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, aprobar proposiciones sobre políticas públicas.
Y eso fue lo que sucedió este martes y miércoles, en sesiones separadas, luego de largos y encendidos debates en los cuales hablaron decenas de amigos y enemigos del nuevo acuerdo y del gobierno.
Al final, la coalición que apoya a Santos en el Congreso impuso sus mayorías y el acuerdo fue refrendado.
Sin embargo, como demostró el plebiscito, perdonar 50 años de agresiones y violencia no será fácil.
Muchos creen que la batalla por llevar a la práctica el acuerdo con las FARC y terminar con la guerra en Colombia apenas acaba de comenzar.
Y va a ser una lucha larga.
"Plebiscito indirecto"
El gobierno colombiano ha dicho que se trata de una refrendación popular indirecta, si se tiene en cuenta que los congresistas son elegidos por el pueblo cada cuatro años.
Pero la oposición, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, está enojada. Asegura que esa es una trampa y que el nuevo acuerdo también debería ser sometido a plebiscito, como ocurrió el 2 de octubre, cuando los partidarios del "No" ganaron por algo más de 50.000 votos.
La refrendación significa que comienza el "día D" de los acuerdos y empiezan a correr los 180 días de plazo para el proceso de desarme y desmovilización de las FARC.
Ahora vendrá la implementación de los acuerdos y el gobierno de Santos llevará varios proyectos de ley y de reforma constitucional al legislativo. Pero ese trámite tomará por lo menos un año, a menos que la Corte Constitucional permita que el gobierno use una vía rápida, que por ahora está en suspenso.
El camino de la aprobación
Pese a que el gobierno mantiene sus mayorías en el Congreso, es previsible que la aprobación de esas reformas no sea un camino de rosas.
La razón fundamental es que en marzo de 2018 habrá elecciones parlamentarias y en mayo serán las presidenciales. Y en Colombia las campañas suelen comenzar con mucha anticipación.
Juan Manuel Santos, quien fue reelegido en 2014, no podrá aspirar a un tercer mandato porque el Congreso cambió la Constitución y cerró las puertas para que un presidente repita en el cargo, como lo hicieron Santos y Uribe recientemente.
Pese a que la paz y la guerra han dominado las campañas presidenciales en las últimas tres décadas y media en Colombia, el debate electoral que se avecina promete ser muy intenso, pues se dará en medio de la implementación del acuerdo con las FARC, la más vieja y numerosa guerrilla de este país andino.
El primer proyecto que será llevado al Congreso y el más urgente para asegurar el desarme y la desmovilización de miles de guerrilleros de las FARC en los próximos 180 días, es una ley de indulto y amnistía, que no cubrirá crímenes atroces ni crímenes de guerra.
Luego vendrán otras reformas más profundas y quizás más demoradas, entre ellas las que tienen que ver con la participación política, las garantías para la oposición, el sistema especial de justicia para el post conflicto y la reforma rural pactada durante cuatro años de negociaciones en La Habana.
Divididos en tres
Por ahora, en materia de candidaturas presidenciales, se vislumbran por lo menos tres sectores políticos.
El primero es el de los claramente partidarios del acuerdo de paz, en el que habría por lo menos tres aspirantes: Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno con las FARC; Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín; y el aspirante que escoja la izquierda.
El segundo sector es el de los que no tienen una posición muy entusiasta frente a los acuerdos, pero tampoco son declarados opositores del mismo. El más claro representante de este sector es el actual vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, del partido Cambio Radical, quien muy probablemente renuncie a su cargo antes de mayo para iniciar su campaña.
Y el tercer sector es el de los férreos contradictores del proceso de paz. Ahí está el partido Centro Democrático, del expresidente Uribe, y el Partido Conservador, con dos figuras que también han sido opositoras de los acuerdos: la ex candidata Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez.
Los dardos de la campaña presidencial ya han comenzado a lanzarse en medio de la esperada implementación del acuerdo de paz.
Por eso, se anticipa que la discusión y aprobación de los proyectos en el Congreso de Colombia podría convertirse en una batalla política, con resultados que pocos se atreven a predecir.
