A Puerto Rico la llaman "la isla del encanto" o "la estrella del Caribe", pero también recibe otro título bastante menos elogioso: "la colonia más antigua del mundo".
Desde que llegó Cristóbal Colón en 1493 hasta 1898, Puerto Rico fue colonia de España. "Desde entonces, y hasta nuestros días, es colonia de Estados Unidos de América", escribió en 2015 Pedro F. Silva-Ruiz, catedrático jubilado de derecho de la Universidad de Puerto Rico.
El texto, titulado "Puerto Rico: la colonia más vieja del mundo", dice que los puertorriqueños deben enfrentar la "dura verdad" de su estatus político más allá de lo que dice la constitución de 1952, que lo consagra como un estado libre asociado (ELA) de Estados Unidos.
En aquel entonces, Naciones Unidas retiró a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos (los que se consideran colonias) y EE.UU. terminó de asumir su rol como máxima potencia postcolonial del mundo.
Pero el debate en esta isla de 3,5 millones de habitantes parece que no se termina de saldar.
La cuestión del estatus de la isla sigue tan vigente 65 años después que este domingo los puertorriqueños votan por quinta vez qué relación política desean tener con Estados Unidos.
Tal como sucedió con las consultas de 1967, 1993, 1998 y 2012, la consulta no tiene carácter vinculante para el gobierno o Congreso de EE.UU. Y tal vez por eso, los votos cayeron en saco roto.
En esta oportunidad, las opciones para los boricuas son tres: buscar convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, ser un país independiente o seguir con el estatus territorial actual.
Llama la atención que la normativa que habilitó el plebiscito de este domingo, firmada por el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, se llama "Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico".
Ni colonia ni estado
En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un tercio de la población global vivía en territorios dependientes, según datos de Naciones Unidas (ONU).
La descolonización se convirtió en ese momento en una de las prioridades de la ONU, que comenzó a presionar a los países considerados potencias coloniales.
Es en este contexto que EE.UU. propuso una solución para Puerto Rico que no era la de colonia ni la de estado.
Como ELA, Puerto Rico pasó a tener autoridad sobre su política interna, supeditada a las leyes estadounidenses y sin control sobre sus relaciones exteriores.
En el Congreso de EE.UU., hay un delegado puertorriqueño con voz, pero sin voto.
Asimismo, los boricuas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales mientras vivan en la isla. Allí, por contraparte, no pagan impuestos federales.
El entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, quien encabezó las negociaciones con el gobierno del presidente estadounidense Harry S. Truman, dijo que el nuevo estatus eliminó "los últimos vestigios jurídicos de colonialismo".
Y agregó: "No vamos (...) a dar otro paso hacia el autogobierno. Esto es autogobierno".
"Una farsa"
"La firma de la constitución del ELA ha sido uno de los actos de magia más fascinantes de la historia", dice a BBC Mundo Javier Hernández-Acosta, director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico).
"El 24 de julio de 1952 había una colonia reconocida por la ONU y al otro día desapareció y se convirtió en un estado libre asociado, que todavía al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué figura político-legal es", agrega.
Hoy en día la ONU reconoce que existen 17 territorios no autónomos, tres de los cuales pertenecen al gigante norteamericano: Guam, Samoa Estadounidense e Islas Vírgenes Estadounidenses.
Para Pedro Cabán, profesor y presidente del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la Universidad de Albany (EE.UU), se trató de "una farsa".
El Congreso de EE.UU. debía aprobar la nueva constitución puertorriqueña, que confería a la isla poderes autónomos para asuntos locales, explica Cabán a BBC Mundo.
Sin embargo, según la constitución estadounidense, "el Congreso tiene absoluta autoridad sobre los territorios que no son incorporados a la unión de estados".
"Dio la impresión de que Puerto Rico de pronto trascendió su estatus colonial y pasó a tener poderes completos para regular sus asuntos internos, pero bajo ninguna circunstancia el Congreso dijo a Puerto Rico que esos poderes eran permanentes".
El propio Muñoz Marín lo explicó ante el parlamento estadounidense de forma más colorida: "Si la gente de Puerto Rico (...) se vuelve loca, el Congreso siempre puede darle la vuelta y legislar de nuevo".
¿Peor que en los 50?
Según escribe José Trías Monge, un abogado que presidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico durante una década, la isla caribeña no es una colonia en el "usual sentido despectivo del término".
En su influyente libro "Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo", publicado en 1997, Trías Monge sostiene que el término ilustra la "innecesaria retención de poder excesivo" de Washington sobre San Juan.
Entre los múltiples argumentos que da para defender el uso de la palabra, afirma que EE.UU. legisla en Puerto Rico sin su consentimiento, que los que ciudadanos que viven en la isla tienen menos derechos que los que viven en los estados y que "sistemáticamente pasa por alto los resultados de plebiscitos".
Por ejemplo, en el de 2012 por primera vez en la historia la mayoría de votos válidos optó por la estadidad, o sea, por incorporarse de forma completa a EE.UU.
El resultado de esta consulta, que coincidió con las elecciones nacionales, fue analizado como una muestra de disconformidad a la pregunta de si se estaba de acuerdo con el estatus presente.
De todos modos, como cerca del 30% de los votantes emitieron boletas en blanco o no válidas, se generaron dudas sobre la legitimidad política del resultado a favor de la estatidad.
"No hay, en el mundo actual, relación no colonial alguna conocida, en la que un pueblo ejerza tan vasto, casi ilimitado poder sobre el gobierno de otro", escribe Trías Monge.
Sin ir tan lejos, en abril la prestigiosa revista especializada en derecho Harvard Law Review publicó un análisis que explica por qué "Puerto Rico ha sido y sigue siendo un territorio no autónomo según los criterios de la ONU".
El texto argumenta que hoy en día la isla "está todavía más lejos del real autogobierno de lo que estaba en 1953".
La "Promesa"
Entre los años 1970 y principios de los 2000, Puerto Rico se convirtió en una de las economías líderes del Caribe.
Las exenciones fiscales, menores regulaciones ambientales y políticas específicas para fomentar industrias como las farmacéuticas, generaron décadas de bonanza en la isla.
Tal es así que para Hernández-Acosta la favorable situación económica provocó una "complacencia" entre los puertorriqueños, quienes en general no presionaron para salir de ese estatus transicional del ELA.
Pero hace una década todo cambió.
Los cambios en las regulaciones impositivas y medioambientales sumados a problemas de ineficiencia y corrupción empujaron a la isla a una grave crisis económica.
Con una tasa de pobreza que alcanzó el 45%, un desempleo del 12% (el doble de la media de Estados Unidos) y una población en decrecimiento por la emigración, Puerto Rico recurrió al Congreso en busca de soluciones.
Al tratarse de un ELA, la isla no podía acogerse al Código de Bancarrotas estadounidense, como sí lo hizo Detroit en 2013.
La respuesta del gobierno de Barack Obama fue la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, es su acrónimo en inglés), promulgada en junio de 2016.
El artículo de Harvard Law Review cita esta ley para ejemplificar la tesis que defiende la relación colonial de San Juan y Washington.
El Congreso, explica el texto, crea "una 'agencia externa' con control directo y significativo sobre el gobernador", que "recorta la autonomía de Puerto Rico" en asuntos económicos y sociales, cuyos miembros son elegidos por el presidente de EE.UU. y donde la isla tiene voz pero no voto.
Cabán es más tajante: "Promesa reafirma sin equívocos que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos", escribe en el último número de la revista de izquierda New Politics.
Finalmente, este mayo la isla se declaró en quiebra con el fin de comenzar a reestructurar su multimillonaria deuda de más de US$73.000 millones, convirtiéndose así en el protagonista del mayor proceso de bancarrota de un territorio bajo la jurisdicción de EE.UU. en la historia.
De todos modos, la crisis económica ya abrió heridas del pasado y empujó un nuevo plebiscito.
¿Qué pasa después del plebiscito?
La ley de la consulta establece que, si gana la anexión, de inmediato comienza un proceso para la admisión de Puerto Rico como un estado más de EE.UU., en igualdad de derechos y deberes que los otros 50.
Rosselló, quien apoya la estadidad, anunció que para ello recurrirá al llamado Plan Tennessee, una estrategia de presión como la que empleó el estado del mismo nombre a finales del siglo XVIII para lograr que Estados Unidos le dejara entrar a la federación, aún cuando Washington no estaba muy convencido de ello.
En caso de imponerse la opción independentista, la ley dispone la convocatoria automática de un referéndum para el 8 de octubre.
Entonces los boricuas deberán elegir entre dos alternativas de soberanía separada de EE.UU.: con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.
Constitucionalmente, Washington puede seguir ignorando a Puerto Rico. Pero el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz no cree que sea una buena idea.
En una columna publicada en 2015 en el periódico The Wall Street Journal, Stiglitz afirma: "EE.UU. debe hacerse responsable de su pasado imperialista y su presente neocolonial".
"Washington debe a los puertorriqueños un futuro basado en legitimidad democrática y una estrategia de desarrollo que sea financiera y socialmente viable".
