El gobierno peruano alcanzó este miércoles un acuerdo para que pobladores levanten las protestas que por seis días afectaron el turismo en Machu Picchu, en rechazo a la privatización de la venta de entradas a la emblemática ciudadela inca.
Las partes anunciaron la reanudación de la actividad comercial y el fin de los bloqueos en la vía férrea que conduce al complejo arqueológico. El servició de trenes reactivó en la tarde sus operaciones después de cinco días de suspensión por los cierres.
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"Tenemos la buena noticia que se levanta el paro", celebró la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a la radio RRP.
El gobierno cedió y aceptó anular anticipadamente el contrato con una empresa privada para que comercializara los ingresos en línea, pese a haber denunciado un esquema de corrupción en la venta directa a través de la plataforma pública.
Funcionarios y líderes de la protesta suscribieron el entendimiento tras una reunión en el distrito de Machu Picchu Pueblo, en el departamento de Cusco.
Un portavoz de los pobladores en huelga, el exalcalde de localidad, Darwin Baca, confirmó a la AFP el acuerdo.
"Hemos tomado la decisión de que se levanta el paro indefinido (...) Estamos de acuerdo con el acta firmada por el gobierno. Ya se están normalizando las actividades turísticas", agregó Baca.
El principal punto del documento prevé "la anulación adelantada" del contrato con la empresa peruana Joinnus para vender por internet las entradas a Machu Picchu y la red de caminos incas.
Joinnus comenzó la comercialización el 20 de enero en una operación que, en principio, debía extenderse hasta agosto.
Ante la terminación anticipada del convenio, "se garantiza la continuidad del servicio de venta digital en tanto se desarrolle el proceso de transición" hacia una nueva plataforma gubernamental, señala el pacto entre autoridades y pobladores.
"Modelo de corrupción"
El 25 de enero, colectivos del distrito de Machu Picchu Pueblo paralizaron el comercio e interrumpieron mediante bloqueos la llegada de los visitantes por tren, principal medio de acceso a la ciudadela patrimonio de la humanidad.
Las organizaciones sostenían que el contrato con Joinnus suponía el comienzo de la "privatización" de Machu Picchu.
A raíz de la protesta, alrededor de 1.200 turistas nacionales y extranjeros tuvieron que ser evacuados con escolta policial el fin de semana, varios de los cuales no pudieron ingresar a la ciudadela prehispánica.
Por cada día de protesta se dejaron de percibir un millón de soles (unos 263.000 dólares), según los cálculos oficiales.
La cartera de Cultura justificó en un principio la contratación de un intermediario privado, asegurando que tenía problemas con su plataforma.
Sin embargo, luego la ministra Urteaga denunció graves irregularidades en la gestión de los boletos a través del sistema con la complicidad de personal del "área de informática y del mismo parque arqueológico",
Citando un informe de contraloría, la funcionaria apuntó un desvío de recursos por 7,5 millones de soles al año (casi dos millones de dólares), mediante, por ejemplo, el registro falso de turistas.
Machu Picchu recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día.
Este miércoles, el gobierno ratificó su compromiso de reservar 1.000 ingresos para su venta directa en el centro cultural del poblado.
Hace un año, las autoridades cerraron el ingreso al complejo turístico por 25 días a raíz de protestas contra la destitución del encarcelado expresidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de disolver el Congreso.
Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu, ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 2.438 metros de altura, fue construido en el siglo XV por orden del emperador inca Pachacútec (1438-1470).
