Luppy Aguirre, la abogada del CDE que llega a reforzar Interior en tercer ajuste de equipo de Siches

1. Luppy del Pilar Aguirre Bravo, 49, nació en 1973 en Punta Arenas, pero terminó el colegio en Santiago. Egresó en 1990 del Liceo B 42 Tajamar de Providencia. Estudió derecho en la U. de Chile y se tituló de abogado en 1998.
2. Sus intereses estuvieron desde temprano ligados al área penal. En 1998 publicó “Justicia militar. Una mirada en cifras”, en los cuadernos de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales. Su tesis de grado “Tópicos sobre penalización”, dice en su presentación que analiza “la pena de muerte, también con correlato empírico, por lo paradigmático y problemático que ha resultado tradicionalmente su examen”. Su profesora guía fue Loreley Friedmann, especializada en el área criminal.
3. Su carrera académica la ha realizado principalmente como profesora asistente del departamento de clínicas jurídicas de la facultad de derecho de la U. de Chile. Hasta 2017 fue también investigadora del Centro de Estudios de la Justicia que dirigía en la facultad la penalista María Inés Horvitz, con quien Aguirre compartiría en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En el sitio Wikibello sobre la U. de Chile la describen como “una profesora exigente pero justa” y que en una salida a comer al final del semestre contó a sus estudiantes “algunas anécdotas, dentro de ellas, las dos teorías que existen de su nombre”. No se detalla cuáles son.
4. Llegó al CDE —organismo encargado de defender lo intereses del Estado— en la década de 1990, donde forjó la fama de litigante dura que mantiene. Primero estuvo en la procuraduría criminal y en 1999 pasó a ser abogada litigante del área penal. Uno de los casos de alta connotación en que representó al CDE fue el del asesinato en 1995 del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berríos. En ese contexto pidió el desafuero de Augusto Pinochet. En octubre de 2006 presentó a la Corte de Apelaciones de Santiago un reporte militar de 1992 afirmando que “si el pleno lo analiza, podemos ver que ese oficio institucionaliza la práctica que existía de mantener informado al alto mando acerca de los procesos judiciales, a través de la Auditoría General del Ejército”. El tribunal de alzada lo desaforó por asociación ilícita pero no por homicidio. En 2015 la Corte Suprema condenó a 14 militares en retiro por el crimen. Pinochet no estaba entre ellos.
5. En 2016 tuvo un encontrón con el entonces presidente del CDE Juan Ignacio Piña, quien había sido subsecretario de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera. El 17 de marzo de ese año Piña envió a los 549 funcionarios de la institución una carta con el sello del CDE y el de la empresa Inmune, contratada para buscar formas de reducir el ausentismo laboral (y en la cual Piña había tenido participación). En ésta se detallaba que un 6,78% de las licencias cursadas por el personal del CDE habían sido otorgadas por médicos “que conforman las nóminas de profesionales denunciados por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que probablemente por desconocimiento de nuestros funcionarios puede levantar suspicacias injustificadas sobre sus licencias médicas”. “(Parecía una) velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”, dijo Luppy Aguirre, entonces presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, a Ciper Chile. Piña dijo luego al mismo medio que enviar el documento fue “una pelotudez superlativa (…). Es súper fome que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal”.
6. En febrero de 2018 alegó ante la Corte Suprema por la extradición desde Francia del exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el homicidio en 1991 del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro ese mismo año de Cristián Edwards, hoy vicepresidente de El Mercurio SAP. Palma Salamanca se había fugado de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 y solicitado asilo en Francia en 2018. “Hay un tratado de extradición en la comunidad europea, el cual señala que lo relevante para efectos de considerar la prescripción es la legislación del país requirente, que en este caso es Chile, por lo que debería ser aplicada esa norma por principios de derecho internacional”, dijo la abogada. En enero de 2019 el tribunal de apelaciones de Francia rechazó el requerimiento chileno.
7. También tuvo un rol en las investigaciones simultáneas desarrolladas por la fiscalía por financiamiento irregular de la política, en representación del CDE. Estuvo en los casos Penta, SQM y Corpesca.
8. En marzo de 2019, en la cuarta jornada de juicio oral al exsenador UDI Jaime Orpis en la causa Corpesca, comentó los dichos del abogado en el libro de la corporación para el tratamiento de adicción a las drogas La Esperanza. “(La corporación) La Esperanza no tiene relación con platas políticas (…). Me he hecho cargo, pedido perdón y reparado íntegramente todo perjuicio al Estado, a la espera de que los tribunales determinen en lo penal. Con igual fuerza he reiterado una y otra vez mi inocencia, especialmente en relación con el cohecho que apunta a lo más central de mi conciencia: mi libertad”, escribió Orpis, según informó El Mercurio.
9. “Es una obra preciosa, una muy linda obra, sin duda, lástima que las acciones personales del señor Orpis, y no este juicio, no lo fiscalía, no el CDE, han afectado esa obra”, respondió la abogada, consignó entonces Las Últimas Noticias. Orpis fue condenado en abril de 2021 a 5 años de cárcel por fraude al fisco y 600 días por cohecho. En enero de este año empezó a cumplir su pena.
8. Fue uno de los 206 profesores de derecho que en octubre de 2019 firmaron una carta por el 18-O. “Nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune, impulsaremos incansablemente que se hagan efectivas todas y cada una de las responsabilidades legales, constitucionales e internacionales que correspondan a los hechos acaecidos en estos días, respecto de las autoridades de gobierno, como los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden”, decía el documento suscrito también por el ex abogado de Interior Salvador Millaleo y los ex convencionales del Frente Amplio (FA) Fernando Atria, Amaya Álvez, Jaime Bassa y Christian Viera.
9. En septiembre de 2020 fue una de las más de 120 firmantes de otra carta, esta vez de apoyo a la abogada del CDE María Inés Horvitz, a quien el ex senador UDI Pablo Longueira —sobreseído por delitos tributarios en el caso SQM, no por cohecho— caracterizó en una entrevista en radio Cooperativa como “la comunista, penalista, que está en el CDE. Me han perseguido los comunistas”. En la carta se sostiene que “en el pensamiento dicotómico patriarcal solo hay vírgenes o brujas (…). El señor Longueira ha tenido la desfachatez de inculpar a doña María Inés Horvitz de su suerte. Y ha señalado que su problema judicial se debe a un capricho motivado por ideas políticas de la abogada”. También firmaron el documento Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches, y las hoy ex convencionales Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista), y Constanza Schönhaut y Amaya Álvez del FA.
10. La llegada a La Moneda de la abogada jefe de litigio penal de la procuraduría fiscal de Santiago del CDE se convirtió este viernes en el tercer ajuste importante en el equipo de Siches. Primero salió Salvador Millaleo, quien renunció al cargo por diferencias irreconciliables con la ministra tras su fallido ingreso a la comunidad de Temucuicui. El segundo fue su jefe de gabinete Roberto Estay, a partir de una seguidilla de errores de la secretaría de Estado. El tercero fue la jefa de la División Jurídica de Interior, Camila Barros, un día después de que el Presidente Gabriel Boric pidiera responsables por la exclusión del gobierno de la causa por la Operación Huracán, en que 8 personas —entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— fueron imputadas en 2017 como supuestos partícipes de una asociación ilícita terrorista para perpetrar atentados en el sur, con pruebas falsas presentadas por carabineros.
11. La llegada de una litigante de larga trayectoria al cargo apunta a resolver 2 de las principales críticas a la gestión de Barros: la falta de experiencia y el manejo desprolijo de la crisis de violencia en La Araucanía. Y es que la exclusión del gobierno de la causa Huracán confirmada esta semana la Corte de Apelaciones de Temuco se arrastra de una decisión previa. En mayo la jueza Marcia Castillo declaró no presentada la acusación particular del Ministerio del Interior en la causa, luego de que éste no corrigiera lo que calificó de un error formal: incluir entre los delitos por los que acusaba la “obstrucción a la investigación”, que según estimó no podía ser presentado por la parte.
12. La acción fue llevada por el ahora ex abogado del ministerio Luis Martínez, quien comentó entonces a su entorno que consultó por email a su jefatura si retiraba ese delito de la acusación, las abogadas Camila Barros y Javiera Corvalán, sin obtener respuesta. Martínez dejó de prestar servicios a la cartera luego de quedarse dormido y no presentarse a una audiencia por el homicidio del sargento Francisco Benavides, asesinado con un tiro en mayo de 2021 en La Araucanía.

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