Qué observar. Este martes, la vicepresidenta Carolina Tohá escaló el debate sobre la ley Aula Segura iniciado en medio de las crisis de violencia que afecta a los denominados liceos emblemáticos de Santiago.
- “Cuando esa legislación se ocupó, tuvimos los peores períodos de violencia en los colegios, los peores. La época más crítica de violencia se vio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación”, dijo a Radio Universo Tohá, quien fue alcaldesa de Santiago entre 2012 y 2016.
- “Las leyes en esta materia son instrumentos que hay que ocupar en la medida que funcionen. Uno tiene distintas maneras de tratar los temas y hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven”, dijo.
- La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó tras conocerse estos dichos que “las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no”.
- Tohá hizo estas declaraciones —que llevaron el debate por Aula Segura a La Moneda— en medio de los cuestionamientos a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
- El 14 de noviembre, diputados de RN presentaron un requerimiento a Contraloría en contra de la edil pidiendo constatar si estaba o no aplicando una ley que Hassler ha criticado públicamente.
- El 8 de noviembre, el exrector del INBA, Gonzalo Saavedra, aseguró en Vía X que la alcaldesa le ordenó no aplicarla. La directora del Liceo Bicentenario Teresa Prats, Denise Berenguela, sostuvo que “nos hemos visto inhibidos de aplicar la ley Aula Segura ante los casos de violencia, porque la Municipalidad de Santiago no apoya los procesos sancionatorios”.
- La Municipalidad de Santiago respondió a las acusaciones de Saavedra que “jamás ha habido una instrucción desde el municipio que solicite contravenir el marco legal vigente”. El municipio ha privilegiado aplicar el uso de los reglamentos de convivencia escolar (RICE) de los liceos. También ha presentado querellas contra quienes resulten responsables por delitos como homicidio frustrado e incendio.
Qué es Aula Segura. La Ley Aula Segura fue publicada el 27 de diciembre de 2018 como una vía para que los directores de liceos y colegios subvencionados pudieran sacar de las salas a los estudiantes presuntamente responsables de hechos de violencia, mientras se investigaban con celeridad esos casos. Si eran expulsados, el Ministerio de Educación debía velar porque fuera reubicados en otros colegios.
- “El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar”, dice la norma.
Sin Aula Segura: Así se ha aplicado el RICE en los 9 colegios más grandes de Santiago en 2022
- “En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso”.
Las expulsiones con y sin Aula Segura. Una revisión de la base de datos de la Superintendencia de Educación mostró que antes de que comenzara a regir la ley Aula Segura, las cifras anuales de expulsados y estudiantes a los que cancelaron sus matrículas por faltas disciplinarias era mayor que cuando empezó a aplicarse esta norma. Si se acepta a las expulsiones y cancelaciones de matrículas por disciplina como indicadores de violencia, las cifras contradicen lo sostenido por la vicepresidenta. A continuación, las cifras.
- En 2017, sin Aula Segura, hubo 98 expulsados y 550 matrículas canceladas o no renovación de matrícula (334 de las cuales fueron por disciplina) en liceos y colegios subvencionados del país.
- Estas expulsiones se mantuvieron casi sin variación al año siguiente. En 2018 hubo 96 expulsados y 423 estudiantes a los que se canceló la matrícula (236 de los cuales fueron por motivos disciplinarios).
- En 2019, con Aula Segura, estas cifras bajaron. Hubo 71 expulsados y 288 estudiantes a los que se canceló o no renovó la matrícula (147 por motivos disciplinarios).
- Esta baja se mantuvo al analizar los 3 primeros trimestres de 2019 con igual período de los años anteriores, de manera de excluir las interrupciones de clases por el 18-O.
- En 2017 hubo 79 expulsados y 294 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (179 por disciplina). En 2018 hubo 67 expulsados y 226 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (124 por motivos disciplinarios).
- En 2019, con Aula Segura, hubo 53 expulsados y 166 cancelaciones de matrícula hasta septiembre (86 por motivos disciplinarios).
- Estas cifras continuaron bajando en 2020, pero en un escenario no comparable dado el cambio a clases telemáticas por la pandemia (ver infografía).
Qué dicen las autoridades de la época. El abogado Raúl Figueroa era subsecretario de Educación cuando comenzó a regir Aula Segura. En 2020, con la salida de Marcela Cubillos de la cartera, asumió como ministro hasta el 11 de marzo.
- “La relación entre Aula Segura y un supuesto incremento de la violencia no tiene ningún sustento. No existen antecedentes concretos que permitan avalar esa declaración y, de hecho, la información disponible respecto, por ejemplo, de sanciones que se hayan aplicado por parte de los establecimientos educacionales, tampoco avalarían esa afirmación, considerando que las expulsiones por razones disciplinarias se han mantenido prácticamente igual antes o después de la dictación de la ley”.
- “Yo supongo que la ministra no pretende atribuirle a Aula Segura la violencia de octubre de 2019. Efectivamente 2019 fue un año extremadamente violento a partir de octubre y eso no tiene nada que ver con la dictación de una ley como ésta”.
- Este medio contactó este viernes por la mañana al Ministerio del Interior buscando una reacción de la vicepresidenta ante las cifras, lo que no había ocurrido hasta la publicación de este artículo.
Las cifras de violencia de 2022. Estadísticas de Carabineros contabilizaron 396 hechos de violencia durante 2022 en 11 establecimientos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia, al 11 de noviembre.
- En estos se detuvo a 108 personas por desórdenes (83), maltrato de obra a Carabineros (10), usar molotov (6), perpetrar atentados (6), realizar barricadas (3), entre otros delitos.
- Los hechos de violencia se concentraron en el Instituto Nacional (con 89 casos), el INBA (88) y el Liceo de Aplicación (68), los 3 de la comuna de Santiago.
- El mes más violento a la fecha fue septiembre, con 66 eventos. El 1 de ese mes encapuchados rociaron con combustible a una inspectora del Instituto Nacional que intentó que salieran del colegio. “Te vamos a quemar”, le gritaron mientras uno prendía un encendedor frente a ella. Un estudiante intervino, tomó el encendedor y lo tiró lejos, consignó la querella que la municipalidad presentó por homicidio frustrado.
