La Municipalidad de Santiago entregó el detalle de los estudiantes a los que se les ha aplicado el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) en nueve liceos emblemáticos de la comuna, ante distintos hechos de violencia acontecidos en cada uno de ellos.
T13 tuvo acceso al detalle de los procesos de sanción que se han abierto en nueve liceos emblemáticos de Santiago, por “faltas gravísimas” a la convivencia escolar durante el 2022, que ha dado como resultado la expulsión de cinco estudiantes y la cancelación de matrícula para el 2023 de otros 14.
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En el Liceo de Aplicación es donde más procesos se han abierto por faltas al RICE, con 244 casos solo en 2022, lejos de los 119 del Internado Nacional Barros Arana (INBA), que es el segundo liceo que más procesos ha abierto. Ambos son seguidos por el Instituto Nacional, con 59 casos, y el Liceo Amunátegui con 39.
El INBA sancionó con la expulsión a dos alumnos por estas faltas gravísima al RICE, al igual que el Liceo Darío Salas. El Instituto Nacional es el otro liceo que expulsó a un estudiante este 2022.
Desde la Municipalidad de Santiago defendieron el proceso que se utiliza en los colegios para sancionar a los estudiantes y aseguraron que la Ley Aula Segura, que podría ser aplicada en los establecimientos y que fue utilizada por la administración anterior de Felipe Alessandri (UDI), no fue “eficaz”.
“Esto muestra que Aula Segura fue sobre todo un discurso político y comunicacional, y se terminó ubicando en la arena de la política partidista. No fue una herramienta realmente eficaz para combatir lo que se decía querer combatir, ni mucho menos fue una política educativa relevante en lo formativo. Al menos eso es lo que muestra la experiencia de Santiago que fue la arena donde este constructo político se instaló”, dijeron desde la Municipalidad de Santiago.
“Contrariamente a eso, los RICE reflejan, por lo menos, un cierto acuerdo dentro de las propias comunidades en torno a las faltas y sus sanciones —siempre dentro del marco de la ley—. Esto es fundamental desde el punto de vista educativo y también desde la lógica del debido proceso. Ser tratado y poder sentirse tratado de manera justa ante la comisión de una falta, por grave que esta sea, es algo esencial en ese sentido. La lógica de la política de Aula Segura solo dividía el mundo en buenos y malos y en su aplicación muchas veces se cometieron abusos y aberraciones”, añadieron.
Junto con ello, entregaron también el detalle de los procesos abiertos contra estudiantes en 2019, cuando Alessandri encabezada el municipio y se aplicó la Ley Aula Segura en los distintos establecimientos educacionales.
Según los datos entregados a T13, en 2019 se abrieron 70 procesos en total por “faltas gravísimas”, de los cuales 41 fueron en el Liceo Javiera Carrera, 13 en el Instituto Nacional, 7 en el Liceo Confederación Suiza, y 6 en el Liceo Darío Salas.
Aquel año se expulsó a 13 estudiantes, siete del Instituto Nacional, cuatro del Liceo Darío Salas, uno del Liceo Isaura Dinator y otro del INBA, pero en dos casos hubo que reintegrar a los estudiantes por orden de la Corte Suprema.
