De todas las batallas que tiene abiertas la Clínica Las Condes, controlada por Cecilia Karlezi y dirigida por su pareja, Alejandro Gil, la que los tiene enfrentados con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es la que más les apremia.
La clínica, cuestionada en tribunales por despedir a sus gerentes generales, vacunar con una tercera dosis Covid a Gil, y otros 93 juicios laborales en el Poder Judicial, se enfrenta directamente al Fisco desde junio de 2021. En dicha demanda exige una indemnización a Fonasa superior a los $ 37 mil millones por haber incurrido en pagos extra para enfrentar la pandemia.
“Las cuentas por cobrar correspondientes a Fonasa, si bien teóricamente presentan un riesgo de crédito bajo, por constituir una entidad proveedora de seguridad social financiada por aportes directos del Estado, hasta la fecha Fonasa se ha resistido a cumplir con su obligación de pago, por lo que el directorio de CLC ha adoptado medidas que se han informado oportunamente como hecho esencial y como información relevante para el mercado, todo ello en resguardo del interés social”, se lee en sus últimos estados financieros a septiembre del año pasado.
Y en el 1º Juzgado Civil de Santiago, donde se ventila dicho juicio, el 19 de diciembre se adjuntó un informe pericial contable clave. En dicho reporte, de 82 páginas, José García Donoso, magister en Administración de Empresas, contador público y auditor, ingeniero comercial y perito judicial, llegó a la conclusión de que “el perjuicio económico para CLC producto de los actos de la autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia Covid-19, para el periodo comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, asciende a la suma de $ 28.854.418.687”.
Dicha conclusión da una parte de la razón a la clínica privada, y deja en desventaja la pretensión de Fonasa, representado por el Consejo de Defensa del Estado, de que no procede ningún tipo de indemnización.
Eso sí, agrega el informe pericial, hay que descontar que Fonasa ha ido pagando parte de lo adeudado a la clínica de Estoril. Hasta diciembre del año pasado sumaron $ 10.625 millones. “Por tanto, el perjuicio económico neto de pagos efectuados por Fonasa a CLC, a la fecha del presente informe, asciende a $ 18.228.958.873”, recalca García.
Según la investigación pericial, la Clínica debió incurrir en costos extraordinarios por $ 1.848 millones, traducidos en contratación de personal, servicios externos e insumos adicionales para atender la emergencia sanitaria.
Sin embargo, la firma presidida por Antonio Gil cree que se les debe más. Solo por pacientes ingresados en forma espontánea respecto de los cuales Fonasa no ha pagado ni el valor Ley de Urgencia ni el valor GRD (Grupos Relacionados por Diagnóstico, monto que paga el seguro público por ciertas atenciones) asciende a $ 16.291 millones; mientras que los derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Minsal en plena pandemia, suman otros $ 14.288 millones.
Por la prohibición de realización de cirugías electivas e imposibilidad de atender a otros pacientes por destinación exclusiva de camas a la atención de la mayor cantidad de ingresos por Covid-19, la CLC acusa un perjuicio de $ 5.295 millones y por inversiones y costos adicionales otros $ 1.990 millones.
Fuentes allegadas al caso dicen que el peritaje, aunque menor a lo que espera recuperar, es una señal positiva para la CLC y obligaría a que el tribunal fije un monto de indemnización. Fonasa, como lo ha hecho desde el principio, seguirá oponiéndose a dicho desembolso adicional.
Números azules
Los cambios de altos ejecutivos en la clínica han sido sucesivos. Desde noviembre de 2019, cuando Karlezi tomó el control de la clínica, han pasado cinco gerentes generales, siendo el último Ignacio Tapia, que asumió en julio del año pasado. Solo en 2022 ingresaron nuevos gerentes de finanzas, de operaciones clínicas, de infraestructura interna, de tecnología y el contralor. El ejecutivo de primera línea que lleva más tiempo en el cargo es Christian Bezzenberger, gerente comercial de la clínica que lleva exactos dos años y cinco meses.
Exejecutivos recalcan que la relación con Gil es difícil, que exige demasiado y pone el foco sobre todo en la eficiencia de costos. Al precio que sea.
Dicho mandamiento ha dado resultado. En 2020 la Clínica perdió $ 5.812 millones, pero el 2021 logró recuperarse y ganó $ 18.416 millones, y a septiembre del año pasado reportó utilidades por $ 4.189 millones.
Un informe de Feller Rate, de noviembre pasado, calificó positivamente el manejo de caja y deuda de la Clínica, así como sus mejoras operaciones y eficiencias. Sin embargo, alertó sobre los constantes conflictos ventilados en tribunales y medios de comunicación.
“Durante el último tiempo, la compañía se ha visto en una serie de conflictos que han derivado en una mayor exposición en los medios de comunicación. A partir de esto, la entidad se enfrenta al riesgo de daño o pérdida de capital reputacional producto de acciones o impactos que pueda generar el negocio y que sean percibidos por la población de manera negativa, lo que podría derivar en una mayor exposición en medios por tiempo prolongado y proliferación de información que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades”, dice el informe.
Sin embargo, a noviembre, “dicho riesgo no ha impactado las operaciones y la demanda de la compañía”.
Es más, aunque han sido varios los médicos de renombre que han abandonado el recinto asistencial, los ingresos por atenciones ambulatorias crecieron en $ 4.622 millones a septiembre pasado respecto a 2021. Dentro de los conflictos abiertos está el de los doctores Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Giménez, quienes se querellaron contra el centro asistencial por no pago de honorarios, lo que llevó a que el viernes la PDI allanara la Clínica buscando información, según informó Radio Biobío.
Feller Rate también puso alerta sobre el sistema de isapres y su propia crisis.
“La actual situación respecto al sistema de Isapres expone de forma indirecta a los prestadores médicos privados, entre ellos a CLC, donde los ingresos provenientes de esta industria representan sobre el 70% de los ingresos totales de la clínica. Feller Rate considera que dichos ingresos podrían verse afectados, ante un aumento sistémico en el riesgo ligado a la calidad crediticia de las contrapartes y cambios en el marco legal que pudieran afectar a la industria, lo cual podría impactar en la capacidad de pago en tiempo y forma de las cuentas por cobrar, con efectos estructurales sobre el capital de trabajo, implicando mayores necesidades de financiamiento”.
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Dentro del ordenamiento financiero que han decidido en CLC está la recompra anticipada de bonos de deuda emitidos en 2018, por la anterior administración. Durante el año pasado recompraron más de $ 24 mil millones, financiados con caja.
Enroque de alianzas: sale U. de Chile, entra Finis Terrae
A mediados de diciembre, en primera fila, estaban sentados Antonio Gil por la CLC y Alberto Dougnac, decano de Medicina de la Universidad Finis Terrae y exsubsecretario de Redes Asistenciales. La cita era para estampar el acuerdo que entregaba a la universidad privada el uso de las instalaciones de la Clínica como campus clínico, finalizando así el acuerdo que tenían con la Universidad de Chile, que duró una década.
Con ello, según detalló la Clínica, se entregarán 4.000 metros cuadrados, inutilizados hace cinco años en una de las torres, para ser usados por la universidad. También se impartirá, en la misma clínica, la carrera de Técnico en Enfermería y se volverá a poner énfasis en la investigación académica en salud.
Pero este podría ser solo el primer paso de un proyecto mayor por parte de Karlezi y Gil. En una comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), reveló que el acuerdo con la Finis Terrae “está basado en configurar un modelo potente de academia, que no es un modelo de negocio” y citó como ejemplo lo que hace la Clínica Mayo en EEUU con quienes se comparten convenios, información y alianzas.
Y disparó: “La Sociedad ha analizado contar con una universidad propia y los esfuerzos se han realizado en ese sentido (...) No existe un parámetro para valorar una alianza como esta, que implica atraer la formación universitaria al interior de la clínica para la formación de sus futuros profesionales”.
