El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó en Tele13 Radio problemas con el Consejo de Observadores Ciudadanos del Proceso Constituyente.

El vocero indicó que "ha habido una buena relación, el consejo está cumpliendo su tarea y ha adquirido un nivel de autonomía e independencia necesario, porque queremos que garantice que el proceso sea libre sin distorsiones sin sesgos".

En este sentido, añadió que el Gobierno está cómodo con dicha instancia y que "han sido relevantes y han tomado atribuciones que no estaban. Por ejemplo en el caso de los facilitadores, originalmente los iba a seleccionar la Segpres por ejemplo (...) El Gobierno tendrá voluntad para dialogar con el Consejo para que construyamos la mejor decisión para que el proceso tenga las garantías que debe tener".

Consultado sobre la imparcialidad del proceso, Marcelo Díaz, señaló que la van a garantizar pues "somos los principales interesados, mientras más impecable sea el proceso, más potente y fuerte se torna de cara a las etapas que vienen".

"No hay nada que el Gobierno deje de hacer que genere condiciones de imparcialidad y garantías para todo. Me interesa que el que crea que no hay que cambiar una coma vaya y exprese su punto de vista con la misma legitimidad que el comparte nuestra opinión sobre que es necesaria una nueva Constitución", recalcó. 

En la misma línea, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre dijo en Icare que no se va a suspender el proceso constituyente y respaldó la labor del Consejo de Observadores.

"No cabe la menor duda que se lo han tomado muy en serio, han hecho un gran trabajo, han hecho observaciones y correcciones que son de público conocimiento. Están sin duda alguna en el centro del proceso constituyente", indicó

Condenados en España

Otro tema abordado por Marcelo Díaz fue la condena a 12 años de cárcel de los chilenos anarquistas involucrados en el atentado con bomba de Zaragoza, España, en 2013.

Al respecto, el vocero de Gobierno dijo que "no conozco el caso en particular, es un proceso que se llevó ante la justicia española, no tiene vínculo con el caso chileno. Se trata de decisiones del poder judicial por lo que tenemos que acatarla y respetarla", enfatizó. 

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