El abogado querellante en el caso AC Inversions, Ramón Sepúlveda, aclaró en Tele13 Radio que no presentaron una demanda en contra del Estado en el marco de la investigación, por una presunta estafa que alcanzaba los $50.000 millones.
El jurista expresó que "no estamos diciendo que el Estado responda de los perjuicios Acá hubo un incumplimiento de alguien, de algún servicio y el Ministerio Público tiene que investigar. La querella no es contra ningún funcionario, ni algún servicio, sino contra quienes resulten responsable, señalando que es importante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)".
En este sentido, añade que "creemos que si en el año 2014 se hubiera denunciado uno de los delitos que constató la UAF, pudo haber iniciado la investigación mucho antes".
"Eso hubiera evitado que muchas víctimas del 2015 cayeran en la estafa y se habría abierto una investigación más sorpresiva, donde la cantidad de bienes a dar era muy grande", comentó.
Sepúlveda detalló que según el rol que tiene la UAF, se debió denunciar al menos uno de los tres delitos acusados ante el Ministerio Público.
"Hablamos del delito de invasión bancaria, el que tipifica una figura en que personas naturales o jurídicas que no tienen autorización legal y fiscalización, no pueden captar dineros de terceros", señaló.
