“La vergüenza es compartida. No solo por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, también por las organizaciones que no hemos sido lo suficiente vehementes en expresarnos en torno a esto”.
Así se refirió Benito Baranda, presidente ejecutivo de la organización América Solidaria, al informe que da cuenta que, entre 2005 y mayo de 2016, fallecieron 185 menores a cargo del Sename.
En conversación con Tele13Radio 103.3FM, Baranda aseguró que el Estado trata al Sename como un “servicio de segunda categoría”, considerando su financiamiento y sus políticas.
“Las muertes se vienen repitiendo hace mucho tiempo. Es un historial largo, donde el Estado, que tiene que proteger, termina siendo un espacio de mucha vulneración de derechos y desprotección”, agregó.
Asimismo criticó que el tema de la protección de los menores “no ha sido prioridad del Estado. Una reforma que se debería haber hecho hace 20 años se está haciendo hoy”.
Responsabilidades compartidas y el rol de la ciudadanía
En torno al tema, Baranda hizo un mea culpa desde el lado de las organizaciones y también aseguró que las responsabilidades terminan siendo compartidas, aunque principalmente cree que esto recae en el Estado.
“En esto tenemos harta responsabilidad también la ciudadanía. Nos ha costado mucho entender que un joven que tiene dificultades tiene que contar con mayores oportunidades y no mayores castigos y represión”, dijo Baranda.
Según el ex director del Hogar de Cristo, “la opinión pública considera que el castigo (de menores que van a hogares del Sename por cometer delitos) está ganado”. “Una de las frases que yo escuché una vez es ‘que se sequen en la cárcel’”, acusó.
“Pero estas familias de sectores populares han tenido muy pocas alternativas para acompañar a sus hijos. No tuvieron los recursos y terminan siendo castigadas porque se les acusa de responsables, mientras el responsable era el Estado”, sentenció.
En esa línea, Baranda cuestionó cuando se utiliza el tema como parte de promesas de campaña o en discursos presidenciales del 21 de mayo: “Esa es otra hipocresía de la política: mandan proyectos de ley que no tienen financiamiento, no tienen apoyo político, no les dan urgencia, pero la mandan para cumplir con un checklist”.
