Senadores de distintos sectores políticos anunciaron, este jueves, la presentación de un proyecto que convierta en ley el “criterio Valencia”, que hace referencia a la orden del fiscal nacional a todos los persecutores del país para que soliciten la medida cautelar de prisión preventiva en la formalización de todos los extranjeros que sean detenidos por cometer un delito y que no cuenten con un documento de identidad oficial que la acredite.
La norma es impulsada por los senadores del movimiento Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, pero también por los representantes de la UDI Gustavo Sanhueza, Luz Ebensperger y el el democratacristiano Iván Flores.
“A la gente le piden el carnet de identidad para entrar al estadio, para venderle alcohol en el supermercado. Es perfectamente lógico que la fiscalía exija que las personas se identifiquen y, obviamente cuando no logren identificarse, ya hay un plazo de tres días para ello, para asegurar la comparecencia en el juicio procede la prisión preventiva”, explicó el senador Walker.
“Como ha habido distintas interpretaciones de distintos juzgados de garantía, algunos lo han acogido y otros no, hemos presentado un proyecto de ley que establece de manera indubitada que respecto de un extranjero que no logra ser identificado se puede y se debe pedir la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio”, añadió.
La orden para el Ministerio Público fue dada por Valencia hace una semana, luego del asesinato al carabinero Daniel Palma en Santiago, y ha sido acogida por algunos juzgados del país, pero rechazada por otros.
“Todos los extranjeros que no tengan cédula nacional de identidad, que no cuenten con un documento nacional que permita acreditar su identidad, y que sean detenidos, se solicitará su prisión preventiva ante los jueces de garantía, hasta que se establezca cuál es su identidad efectiva”, explicó hace una semana el fiscal nacional.
Desde el Poder Judicial dijeron respetar este criterio, pero no sentirse presionados para aplicar la medida más gravosa en los distintos casos. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó precisamente que los casos se debían revisar uno por uno porque la ley no establece un criterio único al respecto.
"El fiscal nacional tiene todo el derecho de establecer lineamientos para el equipo que va desarrollando las tareas correspondientes y esto es una atribución suya, que nosotros respetamos. El punto es que como es un lineamiento interno -como lo decía al principio- y no es una ley, eso genera la posibilidad de que haya decisiones diversas, según cada tipo de caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito", sostuvo, añadiendo que significa una "demostración de interés y preocupación del fiscal nacional por este tema", explicó Vivanco.
Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la orden de Valencia y anticipó que se podría avanzar en una ley que estableciera este criterio, por lo que se espera que tenga un amplio respaldo en el Congreso.
