Proceso constituyente incluirá debate por voto obligatorio

Por Lorena Ferraro y Christian Rendic

Domingo 28 de octubre de 2012. Las expectativas del gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera son altas en La Moneda durante la jornada: las elecciones municipales que se desarrollan ese día tienen como gran novedad el debut del sistema de inscripción automática y voto voluntario, ley promulgada en enero de ese año tras poco más de doce meses de tramitación en el Congreso. 

La reforma se presentó como una de las más profundas iniciativas de perfeccionamiento y modernización de la democracia. Chile entraba al grupo de países en que todos los mayores de 18 años quedan automáticamente inscritos para votar, pero quien no sufraga no es sancionado.

Una clase política que ya enfrentaba un cuadro de descrédito y desconfianza apostaba a que la voluntariedad del voto sería un incentivo para movilizar jóvenes a las urnas. Además, se buscaba revitalizar un padrón electoral virtualmente estancado y con una participación a la baja desde las elecciones presidenciales de 1989. 

Evolución participación electoral en elecciones presidenciales en Chile

Con la ley vigente, el número de personas habilitadas para votar pasó de poco más de 8 millones 200 mil a 13 millones y medio. Las apuestas ese día giraron en torno a cuánta gente acudiría a las urnas. Sin embargo, la jornada no sólo terminó con la derrota del entonces oficialismo en comunas emblemáticas, sino también con una abstención que bordeó el 60%. Un año después, en las elecciones presidenciales que marcaron el regreso de Michelle Bachelet a La Moneda, la participación fue apenas un par de puntos más alta.

Así, la incripción automática y el voto voluntario posicionó a Chile como uno de los países con más baja participación electoral en el mundo y como el de mayor porcentaje de abstención a  nivel continental, considerando aquellos en que el voto es voluntario.

El voto como un “deber”

Desde ese momento en el escenario político surgieron voces que apuntaron a revertir la decisión. De a poco, distintos políticos comenzaron a alzar la voz sobre revisar la conveniencia de volver al sistema antiguo y restaurar el voto obligatorio.

Dicho debate continúa hasta hoy y el proceso iniciado por este gobierno para modificar la Constitución –o para redactar una nueva carta magna- incorpora justamente un proceso de consulta a la ciudadanía sobre este tema.

Según la metodología del proceso constituyente, la participación ciudadana comenzará con los denominados “encuentros locales”: etapa en que los ciudadanos podrán llenar “actas” relativas a los “deberes”, “derechos” e “instituciones” más importantes que esperan estén consagrados en una próxima constitución.

Es en dichas actas -que serán contestadas de modo individual y en instancias grupales- que el Ejecutivo incluyó entre las 21 opciones “el deber de votar por representantes en las elecciones”,  lo que es visto por muchos como la reapertura del debate en torno a la obligatoriedad del voto.

“Es una manera encubierta de preguntar por la obligatoriedad, porque hay dos opciones posibles: voluntario y obligatorio”, plantea el senador de RN y uno de los impulsores del voto voluntario en su minuto, Alberto Espina.

Con todo, el parlamentario considera que es “legítimo y me parece bien que la ciudadanía debata (este tema) en el proceso” y defiende el actual sistema asegurando que “fue una buena decisión, porque va a exigir que los partidos y los candidatos tengan que conquistar a la ciudadanía y motivarla para ir a votar”.

Consultado sobre la inclusión del voto como un “deber” en las actas del proceso constituyente, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil asegura que “cuando los abogados hablamos de deberes es porque hay alguna sanción a la conducta contraria (...) si la Constitución estableciera la obligación de los ciudadanos de votar, luego habría que buscar el mecanismo específico en la ley ya sea para premiar a aquellos que votan, ya sea para sancionar a aquellos que no lo hacen”.

De acuerdo al ex subsecretario del Interior “hay muchas formas en que puede ser obligatorio o incentivarse abiertamente el voto”. En 1925, por ejemplo, no se consagraba  en la Constitución pero la participación electoral “era requisito para una serie de beneficios estatales”.

Con esto último, se apela a que más que sancionar la decisión de no votar, se incentive el sufragio con, por ejemplo, mayores puntuaciones a la hora de postular a subsidios a aquellos que sí sufragaron, o considerar la participación electoral como requisito para acceder a cargos públicos.

Según las minutas explicativas del proceso, los resultados de los encuentros locales serán “insumos” para los cabildos regionales y provinciales posteriores, ejes de la participación ciudadana en la elaboración de la Constitución. De ahí la relevancia de la inclusión del “deber de votar” consagrado explícitamente en las actas.

“Por el resultado, el voto voluntario y la inscripción automática resultó ser una mala ley, porque se buscaba todo lo contrario. Creo que lo adecuado es que esto sea repuesto en el marco de la discusión de la Nueva Constitución, porque si se hace ahora -como una ley aislada- sería percibido por la ciudadanía como una maniobra politiquera de los políticos para obligar una mayor participación frente al desencanto que han inducido las situaciones de anomalías y delitos en la actividad política y de campañas, así que lo más sano es reponerlo en el debate sobre la Nueva Constitución”, sostiene el diputado PS Marcelo Schilling.

El ex Presidente Ricardo Lagos, opción presidencial de algunos en el PPD, también ha sido partidario de reponer la obligatoriedad del sufragio, mientras que en 2015 un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que buscaba acabar con la voluntariedad del sufragio. La iniciativa contaba con las firmas de Jorge Pizarro (DC), Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Harboe (PPD), Francisco Chahuán (RN) y Alfonso de Urresti (PS).

Este último valora que el proceso constituyente incluya un debate en torno al deber de sufragar. “Me parece muy bien que en la oportunidad del debate constitucional tengamos el poder replantearse la necesidad del voto obligatorio. Claramente en una sociedad como la nuestra, con una despolitización, con una falta de participación es necesario tener esa obligación. Además, un Estado que otorga derechos también tiene, creo, el deber, y sus ciudadanos, de contribuir y manifestar su opción en los procesos electorales. El proceso constituyente precisamente es el espacio para debatir esta temática y otras que debieran generar el ordenamiento jurídico-constitucional para los próximos años”.

De la pena de muerte y otros…

Con todo, y al margen de las 21 sugerencias del Ejecutivo en las actas -que incluye también deberes como resguardo de la soberanía, protección de la persona y la familia- el proceso posibilita la formulación de propuestas espontáneas de los ciudadanos, abriendo así la puerta a materias de corte polémico, como la pena de muerte.

“En un proceso deliberativo el tema que se ha planteado del voto voluntario u obligatorio perfectamente puede aparecer en los cabildos, aunque no estuviera en las pautas del gobierno (…) Esta pauta tiene un valor referencial, pero no puede servir como pretexto para que no se permita deliberar respecto de otros temas que sí son de contenido constitucional”, explica el abogado, miembro del Programa Legislativo de la Fundación Jaime Guzmán e integrante del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso Constituyente, Héctor Mery. 

En ese sentido, Mery agrega que “no veo ningún obstáculo en que se converse sobre temas que uno pensaba que estaban superados por la legislación vigente. Si se habla de Constitución, y aunque uno no sea partidario estrictamente de esta institución, en los cabildos no hay cómo impedir que se debata acerca de la pena de muerte, de mecanismos de protección de la vida del que está por nacer, o acerca de deberes de seguridad del Estado”.

Cuestionamientos al gobierno

Hasta La Moneda, para almorzar con el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, llegarán este lunes los integrantes del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente. La cita servirá para que los miembros de la instancia -anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en diciembre- puedan plantear algunos reparos en torno al mecanismo.

Héctor Mery, integrante del Consejo Ciudadano de Observadores, manifiesta su preocupación, por ejemplo, por la utilización de plataformas digitales del gobierno para promocionar una “nueva” Constitución, y no una reformulación de la Carta Magna.

“He visto con preocupación la aparición de autoridades regionales en Twitter donde se propicia una nueva Constitución. Son opiniones legítimas del punto de vista individual, pero usar las cuentas institucionales para un objetivo de esta naturaleza me parece que es desvirtuar el proceso e introducir un factor que inclina la balanza hacia una postura, y eso puede ser una coacción para personas que desvirtúan el debate”.

Entre las cuentas digitales figura la de la Seremi de Gobierno de Atacama.

Mery señala que otro de los puntos que pondrá sobre la mesa es la facultad de las intendencias y gobernaciones para producir los cabildos regionales y provinciales. En un año de elecciones municipales, el rol de los representantes del gobierno genera suspicacias en torno a un posible intervencionismo electoral.

"Jamás una persona que desempeñe un cargo público puede valerse de este cargo para que dentro del debate ciudadano su punto de vista pueda ser considerado como el correcto. Existe aquí una obligación de neutralidad que nosotros como consejeros tenemos obligación velar, sino seríamos un órgano puramente referencial. No se les puede ocurrir participar dirigiendo un debate”, acota Mery.