Por Paulina Bravo y Phillip Durán
El pasado 13 de junio, el contralor Jorge Bermúdez abrió un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades internas al visar pensiones por sobre el tope de 60 UF para ex funcionarios de Gendarmería.
La instrucción de Bermúdez se produjo en medio de la fuerte polémica instalada en torno a las millonarias jubilaciones en dicha repartición pública, como la de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, quien se retiró con una pensión superior a los $5 millones.
El sumario interno en Contraloría quedó a cargo de Carolina Requena, quien ha tomado declaración a diversos funcionarios de la institución para dilucidar cómo se visaron pensiones superiores a dicho tope, desde cuándo, qué normas se utilizaban y quiénes las aplicaban, así como las circunstancias en que dicho criterio cambió, durante 2016, cuando se rechazaron las primeras jubilaciones por sus altos montos.
Una de esas declaraciones fue la de Marta Morales, subjefa de la División de Personal de la Administración del Estado de Contraloría.
Según la versión de Morales, antes de que estallara toda la polémica por Olate, algunos altos funcionarios advirtieron a la entonces contralora subrogante, Patricia Arriagada, de la improcedencia de visar pensiones por sobre el tope de 60 UF. Sin embargo, quien estaba a cargo de la institución -tras la salida de Ramiro Mendoza en abril de 2015 y antes de la llegada de Bermúdez en diciembre de dicho año- declinó revisar los criterios con que se autorizaban las jubilaciones con altos montos.
Evitar “consecuencia mediática”
“A fines del año pasado, estando como contralora subrogante la ex subcontralora, doña Patricia Arriagada, el jefe de área (de Beneficios Previsionales) Samy Mainemer, me comentó que había un problema con las pensiones de Gendarmería”, dijo Morales, en la declaración que entregó el 21 de julio pasado.
Como subjefa de la División de Personal de la Administración del Estado, Morales tenía bajo su supervisión el Area de Beneficios Previsionales. El jefe de esta última, Mainemer, era quien “tomaba razón” o visaba formalmente la entrega de pensiones, de acuerdo a su relato.
Según Morales, en esa oportunidad Mainemer le comentó que las jubilaciones entregadas a Gendarmería “estaban afectas al tope de imponibilidad y que no se estaba cumpliendo”.
“Con ocasión de ello, en una reunión de trabajo habitual sostenida con la contralora subrogante, cerca de noviembre del año pasado, el propio jefe del Area de Beneficios Previsionales se lo planteó en esos mismo términos y que él consideraba que había que hacer algo al respecto”, agregó Morales en su declaración.
Sin embargo, el planteamiento de Mainemer no tuvo acogida por parte de Arriagada, de acuerdo a esta versión. “La Contralora Subrogante manifestó en ese momento dos cosas que yo recuerdo, una que se extrañó que se hiciera así por tantos años y que ahora se hubiera detectado, y por otro lado, dijo que ella no estaba en condiciones de hacer ninguna innovación, que no iba a hacer ningún cambio radical ni sustancial que generara cambio o alguna consecuencia mediática, y nos quedamos con ello”, sostuvo Morales.
La funcionaria agregó que tras asumir Bermúdez, los funcionarios se volcaron a otras tareas relevantes al interior de la institución, por lo que no volvieron a abordar el asunto hasta marzo de 2016.
El 11 de abril pasado, cuando la Contraloría a cargo de Bermúdez ya discutía internamente la modificación de criterios para frenar las pensiones por sobre el tope de 60 UF, el Departamento de Comunicaciones de la institución anunció que "la subcontralora general, señorita Patricia Arriagada, informó el viernes pasado que se acogerá a jubilación a contar del 1 de septiembre del año en curso, previo uso de su feriado legal desde principios de julio. Ello forma parte de un proceso natural dentro de la entidad, luego de haber ejercido durante cinco años dicho cargo y al cabo de 42 años de trayectoria en la Contraloría General de la República".
En ese momento circularon versiones sobre desaveniencias entre Arriagada y Bermúdez, las que fueron desmentidas por la subcontralora.
La advertencia realizada a Mendoza
En tanto, Mainemer declaró cinco días después que Morales.
En su testimonio, el jefe del Area de Beneficios Previsionales señaló que desde que ingresó en 2011 que le parecía "extraño que no se aplicara la normativa" ante pensiones de altos montos, puesto que producto de labores anteriores en la misma Contraloría él conocía dictámenes de 1995 y 1998 que sí fijaban límites.
Así, encontró otros dictámenes de 2004 y 2012 en que se permitía la entrega de pensiones sin tope. "Los dictámenes de 1995 y 1998 fueron derogados tácitamente sin mencionarlo, por dictámenes posteriores que no los aplicaron", señaló Mainemer.
"Luego empecé a notar que la irregularidad de Gendarmería no era sólo de las pensiones sino también de las remuneraciones, como que a los funcionarios se les aumentaban las remuneraciones antes de irse a retiro, por sólo un mes previo, ello vengo detectándolo desde el año 2012, fecha en que incluso le entregué una minuta al contralor general Ramiro Mendoza", indicó Mainemer en su declaración.
El abogado continuó su relato señalando que "es más, una ex colega, Carolina Ansieta, me envió una PPT sobre el proyecto de ley que modifica el régimen previsional de las Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, en ese momento el ex contralor me dijo que no sería tema dada la contingencia en ese momento con las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y con el citado proyecto de ley que estaba en tramitación".
