Con 61 votos a favor y 41 en contra se aprobó este miércoles por la tarde la conformación de una Comisión Investigadora sobre los negocios de Bancard —empresa de inversiones vinculada a Sebastián Piñera— en Perú.
El caso estalló luego que se conociera que Bancard había adquirido acciones en Exalmar, una de las principales pesqueras de Perú. La operación ocurrió justo en momentos en que Chile enfrentaba la demanda peruana ante la Corte Internacional de La Haya.
Por la mañana, la instancia destinada a abordar las eventuales reponsabilidades políticas y administrativas vinculadas a la polémica que enfrenta el ex Presidente Sebastián Piñera había sido rechazada por falta de quórum: Sólo 37 parlamentarios estaban en la sala al momento de votar a favor. 10 menos del quórum de 47 legisladores necesarios para que una Comisión prosperara.
Tras la aprobación, el jefe de bancada de los diputados DC, Fuad Chahín, dijo que "esperamos constituir la comisión a la brevedad y comenzar con las citaciones; es muy importante invitar al controlar general de la República, al director del SII, también al canciller y que, en definitiva, podamos ir esclareciendo cuál fue la información que transparentó el ex Presidente Piñera, de acuerdo a la obligación legal de transparentar su patrimonio de intereses y también cómo han actuado los órganos de la administración para poder fiscalizar todos los aspectos, los tributarios, y también los aspectos administrativos que regulan el conflicto de interés”.
Lo que pide la comisión investigadora
En concreto, la solicitud interpuesta por el oficialismo busca “investigar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismo públicos involucrados, a partir de los hechos públicos y notorios vinculados a una serie de inversiones realizados por el grupo económico Bancard en la empresa peruana Exalmar".
Junto con esto, piden "recabar antecedentes de eventuales irregularidades en la fiscalización de operaciones financieras que pudieran significar infracciones al mercado de valores, mediantes uso de información privilegiada, eventuales conflictos de interés, además de las eventuales responsabilidades de las autoridades del Servicios de Impuestos Internos en relación a la fiscalización de los impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile, a fin de poder determinar las responsabilidades y causas de tales hechos".
Adicionalmente, proponen "investigar la actuación de los organismos públicos en el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justica de la Haya y que pudieran significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, entre los años 2010 y 2014".
