La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una serie de recomendaciones a Chile a dos años de las masivas manifestaciones en el marco del 18 de octubre.
La institución presentó un informe de seguimiento a la "misión a Chile del 20 de octubre al 22 de octubre de 2019", periodo en el que los funcionarios de la oficina realizaron una visita al país debido a las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.
En esa ocasión, el organismo realizó 21 recomendaciones a Chile en ámbitos como el derecho a reunión pacífica, funciones policiales y acceso a la justicia.
En cuanto a estos avances, el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, señaló que “valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculosen el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”.
Respecto al derecho a reunión, Jarab indicó que “una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de derechos humanos”.
En cuanto a las fuerzas de orden público, el documento señala que ha habido una reducción del uso de escopetas antidisturbios y destaca se han actualizado los protocolos del uso de la fuerza por parte de Carabineros.
No obstante, se advierte un uso "inadecuado" de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas. Además se advierten casos donde "funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a personas heridas".
Del mismo modo, se indica que "es necesario fortalecer la integración transversal de los derechos humanos en la práctica policial en el terreno".
Prisión preventiva
Respecto al acceso a la justicia, el informe califica como "excesivo" el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones.
En este punto, se detalla que "en ocasiones, personas imputadas han estado sujetas a medidas cautelares, como la de prisión preventiva, por un largo periodo y sus causas han permanecido en etapa de investigación por un tiempo considerable a lo que se ha sumado el juicio oral y eventuales recursos".
"La duración excesiva y no justificada de los procesos penales puede constituir una violación a los derechos a la libertad individual y a ser juzgado sin dilaciones indebidas", sostiene el documento.
