El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó que sean allanamientos lo que realizó la Policías de Investigaciones (PDI), junto al Ministerio Público, en oficinas de ocho seremis de Vivienda del país, la mañana de este jueves, por el Caso Convenios.
“Desde que el fiscal resolvió llegar al ministerio, nosotros nunca entendimos muy bien por qué lo hacía, porque esa misma información la podría haber solicitado. Eso se aclaró, en fin. Ahora está haciendo visitas, porque hasta ahora no han sido allanamientos, pidiendo determinada información en ocho regiones”, aseguró el ministro Montes.
“En la región Metropolitana, hasta donde sabemos, han pedido un computador e información sobre dos instituciones, dos fundaciones EnRed y Enlace Urbano, que son las instituciones que el propio Ministerio de la Vivienda denunció en el caso de Tarapacá porque descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo”, añadió.
Las diligencias se realizaron en las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda de las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos.
“La actitud del ministerio ha sido desde el comienzo puertas abiertas; aquello que necesiten, entregárselo, si necesitan llevarse el computador que se lo lleven pero que lo devuelvan más o menos luego porque se necesita para trabajar”, insistió el ministro Montes.
“El allanamiento es algo forzado, esto es algo de común acuerdo. Como se llama no estoy en condiciones de decirlo, pero lo que se entiende por allanamiento es distinto”, agregó.
Las diligencias de la fiscalía no fueron mediante una orden judicial, sino que en un procedimiento voluntario y acordado con el Ministerio de Vivienda.
Vivienda apunta a EnRed y Enlace Urbano
Según un informe de Contraloría entregado a la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, se firmaron 52 convenios entre 10 seremis de Vivienda y las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social, por un total de $4.773.857.588.
